RODRÍGUEZ ZAPATERO Y EL SANTO GRIAL (EN FORMA DE CHEQUE) DE LOS NACIONALISTAS CATALANES

Una de las instituciones (o peculiaridades) europeas que más han dado que hablar en los últimos lustros es el Cheque Británico. Como se sabe, el presupuesto de la UE se nutre de las aportaciones que hacen los estados miembros en función de su producto nacional, su recaudación por IVA, etc. Y luego ese presupuesto de reparte en función de unos criterios más o menos objetivos, como son la política agrícola común, los fondos estructurales, la política de cohesión, etc.
A comienzos de los años ochenta del siglo pasado, Margaret Thacher -que ha pasado a la historia como la "Dama de Hierro"- se dio cuenta de que, mediante la aplicación de esos baremos objetivos de ingresos y gastos, el Reino Unido se convertía en uno de los contribuyentes netos al presupuesto de la Unión. Aquello era más de lo que podía soportar su proclamado euroescepticismo. Así que en una de las reuniones trimestrales que suelen celebrar los Jefes de Estado y de Gobierno montó una de las mayores broncas que se recuerdan al grito de "quiero mi dinero". Así nació el Cheque Británico: un dinero que cada año retorna a las Islas desde las arcas comunitarias, no por aplicación de ninguna política o criterio objetivo, sino porque sí, porque esa fue la concesión que Thacher arrancó al resto de sus colegas.
¿Nos encaminamos en España, merced al endiablado asunto de la financiación autonómica, a lo que podríamos llamar el Cheque Catalán? Desde luego, las actitudes que muestran los gobernantes de la Generalitat y los dirigentes de los partidos nacionalistas ( y en este punto hay que incluir también al PSC) se parecen mucho a la bronca que organizó la líder conservadora británica. Se han dado cuenta de que Cataluña es contribuyente neto a esa unión llamada España (ya intenté explicar en la entrada anterior que en este hecho no hay nada de solidario) y quieren acabar con esa situación, quieren su cheque. Y no ocultan cuál sería su objetivo máximo: llegar a un sistema fiscal privilegiado, como el que disfrutan el País Vasco y Navarra. De momento, ese objetivo máximo se nos antoja lejano, porque lo de Euzkadi y Navarra es una excepción y las excepciones dejan de serlo cuando se generalizan y además vaciarían de todo sentido y competencias al Estado central, una de cuyas funciones esenciales es la redistribución de la riqueza que se genera en el país.
El Presidente del Gobierno, gracias al acuerdo de última hora con Iniciativa per Cataluña, consiguió salvarse de la exigida comparecencia en el Congreso para explicar el estado de las negociaciones para la nueva financiación autonómica. En su lugar comparecerá el Vicepresidente Pedro Solbes, quien dispone de todos los datos y todas las cualidades para situar el debate en un "plano más técnico", según dijo con cierto alivio el portavoz parlamentario del PSOE. Solbes se enfrenta a una papeleta muy difícil, porque no es de recibo la pretensión catalana de aumentar porque sí -ellos lo llaman limitar la solidaridad- la cantidad de dinero con la que se queda la Generalitat. El pacto con Iniciativa incluye el compromiso de cerrar el nuevo modelo de financiación en un plazo máximo de tres meses. A ZP -y eso que está a sólo siete diputados de la mayoría absoluta- se le acumulan en las manos las patatas calientes.