miércoles, 1 de noviembre de 2017

CATALUÑA Y ESPAÑA: HABLEMOS DE DINERO YA QUE NO PODEMOS HABLAR DE AMOR



     La puesta en práctica del artículo 155 de la Constitución, que tantas dudas, tantos temores y tantas incertidumbres había suscitado, está resultando un bálsamo para la convulsa situación política y económica de Cataluña. Pero una nueva inquietud, que algunos ven como un nubarrón tormentoso, se perfila ya en el horizonte: ¿y qué pasa sin en las elecciones autonómicas del 21-D vuelve a salir una composición del Parlament idéntica o similar a la que tenía el Parlament disuelto por Mariano Rajoy en la tarde-noche del 27 de octubre?
    La respuesta a esta pregunta es que de momento lo mejor es esperar y ver. Con los datos que ahora mismo tenemos en la mano, lo más probable es que salga un Parlament un poco más ingobernable que el anterior. Y las fuerzas soberanistas o secesionistas puede que sigan teniendo la mayoría, dado que el reparto territorial de los 135 escaños les favorece. En tal caso, y en el supuesto de que puedan ponerse de acuerdo, me parece que deberían aceptar un consejo muy certero que les dio Pablo Iglesias estos días de atrás: su mayoría en el Parlament les da derecho a gobernar Cataluña, pero no les da derecho  a la independencia unilateral. Y añado yo que tampoco tendrían derecho a un nuevo “Procés” como el que hemos sufrido desde las elecciones de 2015.
     El desenlace que ha llevado a Puigdemon, Forcadell, Junqueras y unos cuantos más ante los tribunales demuestra que en última instancia estamos ante una cuestión de pura y descarnada fuerza: quien tiene la fuerza impone su ley. Una fuerza que, según las circunstancias, puede presentar diferentes aspectos: moral, política, legal o física. Es evidente que el independentismo no tenía, ni parece que vaya a tener a corto plazo, la fuerza necesaria para imponerse al Estado español. Si la hubiera tenido habría impuesto su república y de nada habrían servido las apelaciones del Gobierno español a respetar el orden constitucional y las reglas del estado de derecho; y los ciudadanos de Cataluña contrarios o escépticos frente a la nueva república habrían tenido que rechistar bajo la amenaza de ser considerados delincuentes de acuerdo con las nuevas normas . Así se ha construido y se construye la historia. Quien tiene la fuerza impone su ley, no lo olvidemos.
     Así que lo que cabe esperar después del 21-D no es un  juego de seducción en el que nos vamos a decir cuánto nos queremos ni tampoco una relación pacífica en la que podamos contar con la lealtad que se supone tiene que existir entre las partes y el todo en un estado federal o autonómico, como lo queramos llamar. La deslealtad va a continuar y va a continuar la lucha sin tregua ni cuartel por hacerse con la fuerza necesaria para imponer la secesión o para mantener la integridad territorial del país.
Y en esta lucha por conservar o conseguir la hegemonía, quizá podamos llevar las de ganar quienes somos partidarios de la integridad territorial, si nos dejamos de zalamerías y vamos directos al grano: el amor es efímero y tornadizo, pero los intereses son firmes y perdurables. Nos conviene más, en términos económicos, seguir juntos que separados. La independencia es un sueño de contornos ilusionantes (para algunos) pero cuya ejecución práctica resultaría carísima para todos, especialmente para los ciudadanos de la nueva república, que tendrían que rascarse el bolsillo sin alternativa posible. Esto es lo que ha demostrado, creo, Josep Borrell en su libro “Las cuentas y los cuentos de los nacionalistas”.
     Nuestros compatriotas catalanes, sean cuales sean sus sentimientos,  tienen que soñar menos y ser más realistas. Es decir, comprender que, aun en el supuesto de una mayoría independentista abrumadora, la secesión no se va a conseguir “gratis et amore”. Como mínimo habría una negociación en la que el resto de españoles exigiríamos una compensación suficiente en términos de dinero, dinero y dinero. Y eso significaría más deudas para la nueva y flamante república y más impuestos para los “encantados” ciudadanos de la misma. Lo dicho: no hay matrimonio más duradero que aquel que se basa en sólidos y perdurables intereses compartidos.  
 

miércoles, 27 de septiembre de 2017

ESPAÑA Y CATALUÑA DESPUÉS DEL 1 DE OCTUBRE



     Luego de largas semanas y meses sin publicar nada en este cuaderno de bitácora, vuelvo a la carga para reflexionar sobre el asunto que estos días está en boca de todos:  la celebración inminente del referéndum ilegal que la Generalitat se ha empeñado en convocar y mantener contra viento y marea. Es verdad que este simulacro de consulta tiene un amplísimo respaldo entre la opinión pública catalana, pero hace falta ser muy empecinado, muy ciego y sordo a cualquier tipo de argumento o razones, para no desconvocarla en vista de que es contraria al Estatuto de Autonomía, a la Constitución española, al derecho internacional, no cuenta con ningún respaldo en el exterior y también provoca un amplísimo rechazo entre la opinión pública catalana.
    
    ¿Qué esperaban o esperan las autoridades de la Generalitat llevando la tensión política y social hasta estos extremos? ¿Esperaban acaso que el Estado español no reaccionaría y dejaría hacer para no agravar aún más el enfrentamiento? Yo creo que lo que quieren es “internacionalizar” el conflicto a toda cosa, que haya violencia y desórdenes en la calle, que Cataluña y su milenaria aspiración a “decidir” ocupen las portadas de los principales periódicos del  mundo.  Así que la clave principal para el futuro que nos aguarda es el comportamiento de la gente, el día señalado para la votación y el día en que haya nuevas elecciones autonómicas en Cataluña.

     ¿Tan difícil es entender que el llamado derecho a decidir, que no es otra cosa que la autodeterminación, no existe en ninguna constitución de las democracias occidentales? ¿Tan difícil es entender que uno de los pilares fundamentales del derecho internacional es la integridad territorial de los países? ¿Tan difícil es entender que no se pueden confundir los deseos con la realidad? ¿Tan difícil es comprender que ese presunto derecho que una parte de los catalanes han decidido atribuirse a sí mismos no tiene en cuenta los derechos reales del conjunto de los españoles a la soberanía nacional y a la defensa de la integridad territorial de nuestro país? Parece que sí es muy difícil para estos compatriotas, porque de modo un tanto incomprensible se han dejado seducir por los cantos de sirena de un separatismo que no ha hecho otra cosa que mentir a lo largo de todos estos años.
    
    Pongámonos en lo peor y pensemos que los secesionistas consiguen agravar el conflicto hasta el extremo de que la comunidad internacional toma cartas en el asunto. ¿Qué diría o recomendaría esa hipotética mediación internacional? Yo creo que diría lo siguiente: 1º, que España tiene derecho a mantener su integridad territorial, eso ni se discute; y 2º, que la comunidad afectada por el conflicto tiene derecho a una amplia autonomía dentro del marco constitucional. Es decir, la misma situación de la que ya goza Cataluña, porque nadie en su sano juicio puede negar que este territorio – llámesele región, nacionalidad o lo que se quiera – ha conseguido con el llamado régimen del 78 unas cotas de autogobierno como no había tenido nunca a lo largo de la historia.
     Se habla mucho de la necesidad de diálogo para después del 1 de octubre. Y efectivamente tendrá que haber diálogo, pero se equivocan rotundamente quienes equiparan diálogo con nuevas concesiones a los nacionalistas. La estrategia del apaciguamiento no va a calmar a la fiera, como ya se demostró en Europa durante los años treinta del siglo pasado frente al expansionismo nazi, que al fin y al cabo era una forma de nacionalismo extremo. A efectos prácticos, la España de hoy es un país federal y una reforma de la Constitución en ese sentido no colmará las ansias de quienes sólo tienen ojos y oídos paras sus propios derechos (presuntos) y no se dan cuenta de que están pisoteando los derechos (reales) de los demás.
    
     Vuelvo a lo que decía más arriba. La clave está en la gente. Si los votantes catalanes recapacitan y atienden más a las razones que a los sentimientos, si se olvidan de los cantos de sirena, el conflicto puede ir hacia una solución razonable. Si por el contrario apuestan por las opciones más radicales, el conflicto se agravará y todos pagaremos las consecuencias, ellos los primeros.      





sábado, 25 de marzo de 2017

CANTANDO LA INTERNACIONAL CON EL PUÑO EN ALTO


     Escribo estas líneas cuando faltan pocas horas para la presentación solemne en Madrid de la candidatura de Susana Díaz a la Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español. No se quién sería en la hora presente el mejor dirigente para el PSOE, pero pocas imágenes me parecen tan demagógicas y fraudulentas como esta de Pedro Sánchez cantando la Internacional con el puño izquierdo enarbolado a la altura de las orejas. Diríase que aspira a dirigir un partido que promete la toma de los cielos al asalto y no uno que abandonó hace 38 años el pensamiento marxista como guía para la acción política. El PSOE de sí es sí que promueve Sánchez por las carreteras de España parece que no tiene nada que ver con la OTAN, con la reconversión industrial, con las huelgas generales que los sindicatos le hicieron a Felipe González, con las corrupciones varias, con la congelación de pensiones decretada por Rodríguez Zapatero costase lo que costase. Con el PSOE que dice soñar Sánchez “nunca habrá un voto de izquierda para avalar políticas de derechas”.
 ¿De qué color o tendencia eran los diez millones de votos que llevaron al poder al PSOE en octubre de 1982? ¿Y de qué color o tendencia eran las políticas llevadas a cabo durante el tiempo de aquellas tres mayorías absolutas consecutivas? Creo que no nos equivocaremos mucho si decimos que aquellas políticas reformistas estaban un poquito más a la derecha de lo que habrían esperado los votantes que entusiásticamente acudieron a la llamada del “cambio”. Juzgadas retrospectivamente, aquellas políticas reformistas, socialdemocracia de libro, sin duda merecen cuando menos un aprobado alto, porque resultaron positivas para el conjunto de la sociedad española y consolidaron lo que hemos dado en llamar el Estado del Bienestar.

     Y si miramos hacia el futuro, la continuidad de aquellas políticas reformistas es lo máximo y probablemente lo mejor que podemos esperar de una izquierda que recupere de nuevo la confianza de la mayoría de los ciudadanos. Pero en los últimos tiempos a la izquierda política y sociológica española le han pasado algunas cosas que a corto y medio plazo pueden ser letales: por un lado, se ha dividido en dos formaciones con un peso electoral casi idéntico, lo cual invalida aquel viejo recurso del “voto útil” y perjudica a ambas por igual en el reparto de escaños; por otro, una de esas formaciones ha abrazado los planteamientos nacionalistas, exigencias que, de aceptarse, nos llevarían muy rápidamente por el camino de la balcanización o cantonalización.
     El propio Sánchez parece haberse convencido también de que no hay más remedio que entenderse con los nacionalistas en una España plurinacional. Seguramente sigue teniendo en la cabeza la idea de una mayoría de gobierno formada por PSOE, Podemos y los nacionalismos varios que obtengan representación en el Congreso.  Una fórmula de gobierno que acabaría siendo un desastre, sin paliativos. Así que al Partido Popular le puede venir muy bien un PSOE encabezado por Pedro Sánchez, del mismo modo que al PSOE de las mayorías absolutas le venía muy bien un Partido Popular encabezado por Manuel Fraga, a quien generosamente concedieron el honorífico título de Jefe de la Oposición.
     La realidad acaba imponiendo sus reglas de modo implacable y la acción de gobierno que llevaría a cabo un PSOE de nuevo instalado en La Moncloa sería más o menos igual de reformista o socialdemócrata que todas las llevadas a cabo por los gobiernos socialistas que hemos conocido en las décadas anteriores. Sería, por tanto, absurdo que los militantes socialistas convirtieran el actual proceso de elecciones internas en una competición para ver qué candidato es más genuinamente de izquierdas. Y más absurdo todavía que la piedra de toque para calibrar el presunto izquierdismo de los candidatos sea el grado de rechazo a cualquier posible colaboración con la derecha gobernante. El sectarismo no devolverá al PSOE la centralidad del tablero político español.
      


 

martes, 10 de enero de 2017

LAS PENSIONES, EL IPC Y LA RIQUEZA NACIONAL



     Existía en Italia, durante los años sesenta y setenta del siglo pasado, un mecanismo socioeconómico llamado la escala móvil de los salarios. Básicamente consistía en que cada seis meses o cada año los salarios de  los trabajadores italianos se revisaban al alza en función del índice de precios al consumo. Al comienzo, esta suerte de garantía para el poder adquisitivo de los asalariados se consideró como un gran éxito de la poderosa CGIL, la principal organización sindical del país transalpino.

    Pero luego se vio que aquel mecanismo que se retroalimentaba a sí mismo en una espiral interminable hacía muy difícil o casi imposible la lucha contra la inflación. Era como un dogal que la sociedad italiana se había puesto a sí misma y que amenazaba con estrangular su economía en cualquier momento.
    En España nunca tuvimos algo parecido a la escala móvil de los salarios, pero hacia el final de la década de los setenta, coincidiendo con el estreno de nuestra democracia, la inflación estaba desbocada. En los Pactos de la Moncloa se acordó un cambio para la negociación colectiva que, aparentemente, suponía un fuerte sacrificio para los trabajadores: ya no se negociaría en función de la inflación pasada, sino de la inflación futura prevista. De modo que en el año 78, año de la Constitución, se recomendó para los convenios colectivos una subida de sólo el 22% , cuando la inflación del año 77 había sido del 28%. Ciertamente estábamos ante una pérdida de poder adquisitivo, tal como solemos medirla, pero a cambio la economía entró en una senda de estabilización, si bien el objetivo de llegar a unas tasas de inflación aceptables no fue cosa de poco momento. Hoy en día nadie se atrevería a decir que los trabajadores españoles han perdido poder adquisitivo en los últimos cuarenta años, aunque sí que se ha perdido en estos años de dura recesión que comenzaron hace ya casi una década.

     Italia tuvo que renunciar a su escala móvil para el conjunto de la masa salarial del país, ¿podríamos nosotros mantenerla para una masa salarial – la de los pensionistas – que crece año tras año y que ya representa más de un tercio de la masa salarial de todo el país? Difícilmente a corto plazo e imposible a medio y largo plazo.

     Cuando se habla de las pensiones y su poder adquisitivo, parece dominar en el subconsciente colectivo la idea de que los mayores constituyen la parte más vulnerable o más empobrecida de la sociedad. Es una idea falsa, distorsionada, y más falsa cada año que pasa. En la década y media transcurrida desde que entramos en el nuevo siglo la pensión media de jubilación  abonada por la Seguridad Social ha pasado de 535 euros mensuales a 1044.  En ese mismo periodo, el salario medio que cobran los trabajadores españoles, según el Instituto Nacional de Estadística, ha pasado de 1384 a 1670 euros mensuales. Hablamos en ambos casos de ingresos brutos, antes de impuestos y cotizaciones. Al mismo tiempo, desde enero de 2000 hasta noviembre de 2016 el índice general de precios al consumo se ha incrementado en un 44,4%.


     Lo que podemos afirmar, a la vista de estos datos, es que el conjunto de los pensionistas está en enero de 2017 mucho mejor de lo que estaba en enero del año 2000, puesto que la cuantía media de las prestaciones de jubilación se ha incrementado en un 95% . Y el conjunto de los asalariados está  bastante peor, ya que el sueldo medio sólo ha crecido un 20,7%, 24 puntos menos del alza que han experimentado los precios. La comparación se torna aún más favorable para quienes ya disfrutan de su merecido retiro si tenemos en cuenta que las pensiones sólo pagan el Impuesto sobre la Renta, mientras que a los salarios se les descuenta dicho impuesto y además las cotizaciones sociales.
     El Gobierno, que es quien tiene que afrontar la tarea hercúlea de abonar puntualmente la nómina de los pensionistas, ha optado un año más por la subida más pequeña posible: un 0,25%. Y algunos dirigentes de UGT han aprovechado la festividad de los Magos de Oriente para repartir sacos de carbón por las sedes gubernamentales, impelidos quizá por esa idea de que los pensionistas son la parte más débil de nuestra sociedad.



     Si no se cambian las normas actuales, yo me atrevo a pronosticar que, a pesar de esa subida tan raquítica, el conjunto de los pensionistas estará dentro de 15 años mejor de lo que está en enero de 2017. Por una sencilla razón: las prestaciones que reciben los nuevos pensionistas son mejores, por término medio, que las que recibían los que salieron del sistema por fallecimiento. Entre 2001 y 2016, el PIB español ha crecido a una tasa anual del 3,15% mientras el gasto en pensiones subía al 4,99%. Si proyectamos esas tasas hacia el futuro, para 2030 estaríamos dedicando más del 15% de la riqueza nacional al pago de las pensiones. La subida anual del 0,25, tan criticada y tan ridícula en término cuantitativos, impedirá que nos acerquemos tan deprisa a unos límites insostenibles a todas luces.