miércoles, 6 de junio de 2018

EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ: ENTRE EL ESCEPTICISMO Y LA ESPERANZA



Sagacidad, arrojo y una alta dosis de suerte. He aquí la combinación de factores que han llevado al socialista Pedro Sánchez a La Moncloa. Muy posiblemente ni él mismo confiaba en que todas las variables que definían el momento histórico que hemos vivido se alineasen a su favor, pero así ha sido y, como pasa a veces con las carambolas a cuatro bandas en el billar, la bola fue a caer por la tronera. Una de esas variables, y no la de menor importancia precisamente, era que Mariano Rajoy tenía en su mano la posibilidad de dimitir y dejar con ello sin efecto la moción de censura. Pero posiblemente el gallego calculó que esa jugada llevaba a elecciones anticipadas en el otoño, cosa que habría  favorecido a Ciudadanos y perjudicado al PP. Y entonces le pareció mejor la jugada de asistir a su propia ejecución política, con la esperanza de que el tiempo que Sánchez se dispone a consumir al frente de un Ejecutivo acorralado  acabe perjudicando al Partido Socialista y beneficiando al PP.


    Tengo algunos amigos que, muy en la línea de lo que escribía Almudena Grandes hace unos días, dicen sentirse alegres como chico con zapatos nuevos con la expulsión de los populares y la llegada de los socialistas al poder. No voy a decir que tenga yo más conchas que un galápago, pero los años me han dejado un poso de escepticismo y desconfianza que me incapacita para compartir tanta alegría. Para empezar, resulta que el Secretario General del PSOE se convierte en Presidente del Gobierno, con los mismos apoyos que horrorizaban a los dirigentes de su partido hace dos años: los votos de los independentistas que han perpetrado un golpe puro y duro contra la Constitución española más los votos de quienes no tenían ningún empacho en justificar las muchas atrocidades cometidas por la banda terrorista ETA.

     Puede argüirse, y esto es muy cierto, que el ambiente había cambiado por completo después de la sentencia de la Audiencia Nacional, y que el imperativo moral categórico era echar a Rajoy sin hacer ascos a nadie. ¿De verdad estaba España ante la emergencia nacional que se nos ha vendido para justificar la moción? Yo creo que no, y más si tenemos en cuenta, como recordó Rajoy en el debate, que los hechos a que se refiere la sentencia eran sobradamente conocidos por la opinión pública cuando se celebraron las elecciones que dieron la victoria al PP.  

    Dado que ni él mismo tenía claro que la moción podía salir adelante, Sánchez ha tardado unos cuantos días en confeccionar la lista de sus ministros. Más mujeres que hombres, como característica más sobresaliente. Esto ya constituye toda una declaración de principios, en vista de la importancia que el movimiento y las reivindicaciones feministas han cobrado en los últimos tiempos. Gente, en general, conocedora y experta en las materias que serán de su competencia. Y algunos nombres de gran impacto, como el del astronauta Pedro Duque o el del veterano socialista Josep Borrell. La presencia de este último en el Consejo de Ministros es una garantía de claridad y firmeza frente a las exigencias de nacionalistas e independentistas. En conjunto, es un equipo sólido y brillante, equilibrado en cuanto al reparto del poder entre las distintas federaciones socialistas, y desde luego tiene el perfil de quien ambiciona no ir a las urnas en unos meses, como dijo el Presidente al presentar su iniciativa. El mensaje que está enviando Sánchez es que piensa agotar la legislatura pese a solo contar con el voto asegurado de sus 84 diputados, y si no puede agotarla, su intención es no convocar hasta el otoño del año que viene.
    

     ¿En qué condiciones llegará Sánchez a la cita con las urnas? Los que dicen sentirse tan contentos como chico con zapatos nuevos, se aferran al mantra de que la sociedad española es de centro izquierda. Piensan que Ciudadanos ha quedado fuera de juego y que con media docena de cosas que Sánchez y sus ministros hagan bien será suficiente para generar una marea de votos progresistas como la que aupó a Rodríguez Zapatero en marzo de 2004. A mí me recuerdan a aquella mayoría natural de la que tanto hablaba Manuel Fraga en los años ochenta del siglo pasado. No creo que exista tal mayoría natural ni a derecha ni a izquierda, pero las últimas encuestas de opinión vienen detectando un giro sociológico hacia el centro derecha, posiblemente motivado por la prosperidad económica y los cambios estructurales en el mundo del trabajo. A este respecto, me parece muy revelador que los dirigentes de las movilizaciones de pensionistas se hayan negado a dar protagonismo alguno a los sindicatos de clase y al mismo tiempo estén defendiendo propuestas de tanto tufo derechista como que todas las pensiones queden exentas del IRPF.
    

   ¿Qué vía elegirá Sánchez para ejercer su tarea de gobierno? Al tomar posesión del cargo dijo que “escuchar, dialogar y consensuar” tenían que ser las señas de identidad de la política, no en lo que resta de legislatura, sino en todo el siglo XXI nada menos. Sorprende ese canto al consenso en alguien que dimitió de todos sus cargos con tal de no avenirse al pequeño consenso que le pedían sus compañeros de la dirección socialista en bien de la estabilidad política de España y de su propio partido. Y si la tarea de la política es consensuar, ¿con quién preferirá hacerlo Pedro Sánchez: con quienes le han votado o con quienes son sus adversarios pero al mismo tiempo aliados en la defensa del orden constitucional? Muy pronto comenzaremos a ver la respuesta.   



 


miércoles, 14 de marzo de 2018

UNA PROPUESTA PARA LA REVISIÓN ANUAL DE LAS PENSIONES



El problema al que se enfrenta la sociedad española con sus mayores puede resumirse en muy pocas palabras: cada vez son más, cobran mejores pensiones y viven más años. Si se acepta además la exigencia de que su nómina, una vez reconocida por el Estado, debe estar “blindada” frente a la evolución de los precios, el gasto global en este capítulo tenderá a llevarse una porción mayor de la riqueza nacional. El que dicho gasto se atienda mediante cotizaciones sociales o a través de impuestos es irrelevante: lo que de verdad importa es que será mayor en términos de porcentaje sobre el PIB y deberá cubrirse a costa de otras políticas públicas y con cargo al conjunto de la sociedad.
     Entre enero de 2014, primer año en que se aplicó la que se ha dado en llamar subida “de mierda” de las pensiones, y febrero de 2018, quinto ejercicio consecutivo con subidas anuales del 0,25%, los precios han subido en España  un 2%, según el Instituto Nacional de Estadística. Estamos, pues, ante un leve pérdida de poder adquisitivo por parte de nuestros mayores, pérdida que podemos cifrar en un 0,75%.
   
     No parece que un retroceso semejante sea causa suficiente para la indignación que en estos días  miles de personas han manifestado en las calles de nuestras ciudades. Pero haya causa o no, lo cierto es que se ha puesto sobre la mesa el debate a propósito de la revisión anual de los salarios que cobran nuestros pensionistas. El Pacto de Toledo podría llegar a saltar por los aires, puesto que el Partido Socialista propone para 2018 una subida del 1,6% y además anima a los jubilados a que sigan saliendo a las calles para manifestarse contra el Gobierno. El Partido Popular viene a decir que una cosa es predicar y otra dar trigo, y acusa a la oposición de querer pagar con cheques sin fondos.
     El Pacto de Toledo, que buscaba por encima de todo alejar las pensiones de la lucha política y hacer las reformas necesarias por consenso, ha sido un gran avance. Y me parece que en el seno de ese pacto y a través de sus representantes parlamentarios la sociedad española debería preguntarse qué porción de la riqueza nacional desea y pude dedicar al bienestar de los mayores. Y debería preguntarse si es justo que, puesto que las pensiones responden a un gran acuerdo de solidaridad intergeneracional, los jubilados exijan el mantenimiento a toda costa de su poder adquisitivo (siempre de acuerdo con la evolución del IPC) cuando esa garantía no se le puede ofrecer en modo alguno al conjunto de la ciudadanía. No hay ni puede haber garantía de poder adquisitivo para los jóvenes con contratos precarios, para los parados, para los autónomos, para los que ven peligrar la supervivencia de sus empresas. ¿Es justo que los pensionistas, por el hecho de ser pensionistas, vean sus ingresos “blindados” con cargo al resto de la sociedad?
     Si no se puede ni se debe prometer a los mayores la garantía absoluta de su poder adquisitivo, ¿qué se les puede y se les debe prometer a través del Pacto de Toledo? Mi propuesta sería  que cómo mínimo les vaya igual que  al conjunto de los ciudadanos.  Y la mejor vara de medir que tenemos para saber cómo les va a los españoles es la evolución de nuestra riqueza nacional, nuestro PIB. A partir de ahí, en el seno del Pacto de Toledo, debería establecerse un “suelo” para el gasto total en pensiones. 
     Según el Presupuesto de 2017, la partida dedicada al pago de las pensiones (Seguridad Social más Clases Pasivas del Estado, no lo olvidemos) ascendía a 140.000 millones de euros, lo cual significa, en número redondos, un 12% del PIB, que ha alcanzado la cifra de 1,167 billones. Este podría ser perfectamente, el “suelo” que nuestros representantes deberían acordar en el Pacto de Toledo. En lo que llevamos de 2018 el gasto en pensiones, pese a la revisión del “miserable” 0.25, crece a un ritmo del 3%. Esto elevará la cuantía de  esta partida hasta los 144.200 millones de euros, pero la previsión es que el PIB crezca hasta los 1,210 billones. Si se cumplen estas cifras, el gasto global en pensiones se recortaría hasta el 11,92% del Producto Nacional. De aplicarse el “suelo” que en estas líneas se defiende, habría un margen de 8 centésimas del PIB para dedicarlas a la revisión de la nómina mensual de los pensionistas. Esas 8 centésimas significan que la revisión podría situarse muy cerca del 1% en lugar del 0.25.

     Con la propuesta que defiende el Partido Socialista, el gasto en pensiones para 2018 subiría hasta los 146000 millones de euros, un 12,07% del PIB; y de mantener esa misma política unos cuantos años más, hacia 2030 estaríamos dedicando a las nóminas de los mayores dos o tres puntos más de PIB.  ¿Podemos dedicar el 15% de nuestra riqueza nacional al pago de las pensiones? Podemos, sin duda, siempre que seamos conscientes de que eso implica aumentos en la presión fiscal o bien recortes en otras partidas de gasto que también son muy importantes para el progreso y el bienestar social.
     En los años buenos para el crecimiento económico, creo que la revisión anual podría ser  más generosa que la aplicada por el Gobierno de Rajoy en los cinco últimos ejercicios, aunque sin llegar al tan traído y llevado IPC. Pero hay que dar una respuesta a la pregunta de que pasará cuando lleguen los años malos, una respuesta que nuestros representantes políticos deberían dar por consenso a través del Pacto de Toledo y mirando de frente a nuestros casi diez millones de pensionistas: cuando llegan las vacas flacas, hermanos, casi todo el mundo tiene que apretarse el cinturón y los jubilados no pueden ser una excepción. Es decir, que en los años malos de PIB, sólo habría dinero adicional para atender a las nuevas prestaciones, pero la revisión anual de las ya reconocidas sería cero.  Téngase en cuenta que para este año 2018, por ejemplo, el coste de atender a las nuevas prestaciones puede situarse en casi 4000 millones de euros, de manera que, si la actividad económica permaneciera estancada, la porción de la “tarta” dedicada a los pensionistas subiría, en un solo ejercicio, al 12,34% del PIB.
     Con la política de revisión aquí defendida, habría en el medio y largo plazo unas pérdidas de poder adquisitivo mucho más leves que con la revisión fija del 0.25%. Las tensiones financieras del sistema serían más manejables durante más tiempo. Y además, en el plazo de dos décadas, las cosas podrían empezar a mejorar por una razón que casi nadie está mencionando: las nuevas pensiones que se reconozcan para entonces no serán, en promedio, mejores que las que dejen de cobrar los fallecidos, como sucede ahora.  












     
     


sábado, 24 de febrero de 2018

HABLEMOS DEL AHORRO Y SUS PENURIAS



¿Cuál sería la reacción de un colegial colocado ante esta disyuntiva: si renuncias a esta apetitosa chocolatina que tengo en la mano, vendré dentro de seis meses y te daré diez chocolatinas? Lo más probable es que nuestro hipotético infante aplicase la vieja sabiduría popular según la cual vale más pájaro en mano que ciento volando.
     El gran problema del ahorro, como el niño frente a la tentación de la chocolatina, es que es un exigente acto de fe. El esfuerzo de voluntad que requiere es real e inmediato, mientras que los frutos sólo se materializan a largo plazo. Se trata de renunciar a una capacidad de consumo actual a cambio de una mayor capacidad de consumo o mayor bienestar en el futuro. 
    El Presidente del Gobierno, ese hombre gris hecho a sí mismo a base de mucho sentido común y muchas precauciones para no meterse en líos, ha tenido a bien recordarles a los ciudadanos españoles la conveniencia de ahorrar con vistas al futuro. Hasta ahí bien, puro sentido común que encaja a la perfección con el sentido común que desde tiempos inmemoriales aplican las familias españolas. Pero, a despecho de tantas y tantas precauciones, el inquilino de La Moncloa se ha metido, como suele decirse, en un jardín: conviene ahorrar – ha dicho – para pagar la educación de los hijos y complementar las pensiones que puedan cobrarse en la vejez.
     ¿Por qué precisamente tenemos que ahorrar para educación y pensiones y no para otra cosa? Inevitable que muchos ciudadanos y muchos portavoces de los partidos de oposición hayan pensado que en las palabras de Rajoy había gato encerrado. Inevitables las sospechas de que los que tanto se llenan la boca con promesas de rebajar impuestos estén pensando en “complementar” dichas rebajas con nuevos y dolorosos tijeretazos en dos de los pilares decisivos del estado del bienestar. Inevitable el barrunto de que Rajoy esté queriendo echarles una mano a esas entidades aseguradoras y gestoras de planes y fondos de pensiones que tanto pelean por captar el dinero de los ciudadanos. 
     Unas entidades, agrupadas en una asociación llamada INVERCO,  que practican a rajatabla la filosofía del “a Dios rogando y con el mazo dando”. Solo que ahora el mazo que han decidido enarbolar puede considerarse abusivo o propio de los aficionados a propinar golpes bajos: se llama Anne Igartiburu. Y está claro que si Anne, con su vestido rojo de presentar las campanadas, nos dice ven, lo dejaremos todo e iremos. No importa que seamos jóvenes o viejos, mileuristas o acomodados, los de INVERCO nos tendrán a sus pies, sin importar tampoco que las cacareadas ventajas fiscales de ahorrar  a través de planes de pensiones sean en gran medida un puro espejismo.
     A los concienzudos esfuerzos para ir “ablandando”  a las frívolas cigarras hispanas han venido a sumarse los técnicos de la Asociación de Analistas Financieros Internacionales con unos cálculos hechos, cómo no, a petición de UNESPA, la patronal de las aseguradoras: entre unas cosas y otras, los ciudadanos que se jubilen a partir de este año perderán hasta 2035 unos 350 euros mensuales de poder adquisitivo y para compensar dicha pérdida deberían acumular como mínimo un capital de 63000 euros con el fin de constituir unas rentas vitalicias complementarias a su pensión de jubilación.
      Muchas voces se han alzado para preguntarse cómo podrán ahorrar las familias con los sueldos y la precariedad que hoy se estilan en España. Por otra parte, la inmensa mayoría de los jubilados son propietarios de la vivienda en que residen, lo cual les proporciona unas rentas implícitas ( el alquiler que se ahorran) mucho mejores que las señaladas por AFI en sus cálculos. Porque muchas décadas antes de que existieran INVERCO, los planes de pensiones, UNESPA y AFI las familias españolas decidieron, con gran intuición en vista de los resultados, que la mejor previsión para la vejez era tener una vivienda en propiedad.
     Así que sería estupendo ver anuncios en los que la bella Anne lanzara a la ciudadanía este mensaje: haga usted el esfuerzo de ser propietario de su vivienda y olvídese de todo lo demás. Lo malo – siempre tiene que haber un lado malo – es que ese esfuerzo hace unas décadas duraba unos 15 años y hoy en día es difícil que baje de los 30 ó 35. Y tampoco podemos olvidar que las separaciones son ahora más numerosas que en el pasado, con las hipotecas añadiendo ruina económica a la ruina sentimental. En fin, que la vida, si uno se pone a pensar en el futuro, se presenta como un gran lío, uno de esos líos que Rajoy recomienda evitar a toda costa.  
 


jueves, 8 de febrero de 2018

LOS JUBILADOS Y SUS PENSIONES DE "MIERDA"



  En una de las más famosas novelas de García Márquez el personaje principal acaba pronosticando que comerán mierda si nadie se digna escribirle para comunicarle la concesión y cuantía de la paga que cree tener bien merecida como servidor de la patria. Una historia que podría haber servido como inspiración para esos dirigentes de UGT que han diseñado y lanzado la campaña de lazos marrones contra la subida “de mierda” aprobada por el Gobierno para la paga de los pensionistas en 2018.
   El lenguaje un poco montaraz elegido por los compañeros ugetistas se corresponde, según han explicado ellos mismos, con la indignación que crece entre los jubilados como un mar de fondo que acabará golpeando con furia a los culpables de esta afrenta. De hecho, la Coordinadora Estatal por la defensa del Sistema Público de Pensiones tiene convocada una gran movilización para el próximo 22 de febrero. Son cinco ejercicios ya – cómo pasa el tiempo – con subidas anuales del 0,25%. Así que es comprensible que uno pueda encontrar en el periódico cartas de alguno de estos indignados que vienen a decirle al señor Presidente del Gobierno que, puesto que la subida mensual no da ni para un café, puede meterse  por donde le quepa esa subida “de mierda”.
    
     La indignación, o las indignaciones que se alimentan unas a otras, son como aquella poderosa palanca ( con su correspondiente punto de apoyo, claro) que reclamaba Arquímedes para mover el mundo. Pero debo reconocer que no comparto, al menos por ahora, esta indignación. Quizás se deba a que me emocionan más las grandes cifras de la macroeconomía que las pequeñas miserias que uno puede ver cuando pone al día la cartilla de ahorros en el cajero automático.
     Pero antes de aportar alguna de esas grandes cifras, permítaseme exponer algunos ejemplos de otras subidas. Una cajera de un hipermercado a la que le suben el 1% y, en limpio, eso no le da ni para comprar las entradas del cine; un conductor de autobuses interurbanos que ve “crecer” su sueldo en menos de 15 euros al mes; un cirujano de la Seguridad Social que obtiene una subida – la prometida por Cristóbal Montoro – con la que no tiene ni para sacar a su chica a cenar una noche. Menudo mundo de mierda. Tal vez deberíamos llegar a la conclusión de que un mundo sin inflación – o con inflación muy baja – es el infierno y que el verdadero mundo divertido y emocionante está en Argentina, por ejemplo, donde los precios crecieron un 25% en 2017.
     
     También en España hemos conocido períodos de inflación muy alta que estuvieron muy cerca de acabar en ruina total: recuerden los  Pactos de La Moncloa y la inflación de un 28% que habíamos sufrido el año anterior. Y quizás lo que nos pasa es que no hemos adaptado aún nuestras mentes a un contexto de estabilidad. Por eso tenemos que repetírnoslo una vez más: la estabilidad de precios es una bendición. Imaginen un mundo en el que los ahorros de toda una vida se deterioran a un ritmo del 25% anual. El turco Orhan Pamuk, Premio Nobel de Literatura, relata en una de sus novelas cómo sus compatriotas de Estambul  lo primero que hacían cada mes era acudir a una casa de cambios para obtener marcos alemanes en lugar de sus depauperadas liras. Por algo sería, puesto que no cabe poner en duda el patriotismo de los turcos.
    Cinco años ya con el 0,25%, es cierto, pero mientras escribo estas líneas me tomo un té por el que me cobran prácticamente lo mismo que me cobraban  cuando empezaron a circular los billetes del euro. Entre diciembre de 2013 y diciembre de 2017 los precios han subido en España, según el Instituto Nacional de Estadística, un 1,6%. Y entre enero de 2014, primer ejercicio en que se aplicaron las subidas “de mierda”,  y enero de 2018, las pensiones han subido un 1,256%. No me parece que esa pérdida de poder adquisitivo, que podemos cifrar en unas 35 centésimas, sea para rasgarse las vestiduras. Y más si tenemos en cuenta que en los años peores de la crisis hubo pequeñas ganancias de poder adquisitivo, puesto que en algunos ejercicios el IPC tuvo una variación negativa.
    
     Por otra parte, pese a las subidas “de mierda”, el gasto en pensiones sigue creciendo a tasas de nada menos que el 3% anual, según los datos facilitados por la Seguridad Social. Un incremento manejable cuando el PIB también crece por encima de esa cifra, pero piensen por un momento en qué pasa cuando la actividad económica se estanca o retrocede, como pasó a partir de 2008.
     En conclusión, yo sugeriría a los líderes sindicales y políticos que se fijen menos en la cuantía absoluta de la subida y más en el contexto de estabilidad de precios que tenemos la fortuna de disfrutar. Mi impresión es que tenemos unas pensiones en consonancia con el país que tenemos, que desde luego no es un país de miseria, como atestiguan los 6,2 billones de riqueza financiera e inmobiliaria acumulada por las familias españolas, aunque esté tan desigualmente repartida.   



jueves, 18 de enero de 2018

LAS PENSIONES PÚBLICAS Y EL DÉFICIT DEL ESTADO



     La noticia de que la Tesorería de la Seguridad Social solicitará al Tesoro público un préstamo de 15000 millones para abonar las pensiones en 2018 ha sido acogida en muchos medios de comunicación con una mezcla de alarma y desconcierto. Se han comportado como esos equipos de fútbol que, al encajar un gol tempranero e inesperado, pierden un poco los papeles y no consiguen asentarse como Dios manda sobre el terreno de juego.
     Lo primero que hay que decir es que el Instituto Nacional de la Seguridad Social, es un organismo autónomo que se encarga, entre otras cosas, de pagar las nóminas de los jubilados. Y por cierto, cumple su función con una celeridad y eficiencia comparables a las de la Agencia Tributaria, que como todo el mundo sabe es otro organismo autónomo encargado de la recaudación de impuestos. Desde este punto de vista, el INSS es tan Estado ( o tan Administración Central, si se prefiere) como el Ministerio del Interior y sus 140000 guardias civiles y policías nacionales. El déficit que pueda tener el INSS es parte inseparable del déficit que pueda tener la Administración Central. Otra cosa es que, desde un punto de vista contable o desagregado, se diga que “la Seguridad Social solicitará un préstamo al Estado para pagar las pensiones”. Es como si dijéramos que el Ministerio del Interior solicitará un préstamo al Estado para pagar las nóminas de policías y guardias civiles.
      Lo segundo que debería esclarecerse de una vez por todas es que el pago de las pensiones públicas difícilmente podrá cubrirse en su totalidad con los recursos que proporcionan las cotizaciones sociales de las empresas y los trabajadores que están en activo. Básicamente por tres razones: la evolución demográfica, que ha elevado a casi diez millones el número de prestaciones que hay que pagar cada mes; el incremento de la pensión media que abona el sistema ( alrededor de 900 euros en 2017, contando contributivas y no contributivas) y el estancamiento o retroceso de los salarios. Ni siquiera con los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, que tanto predica el Gobierno como horizonte cercano y posible, será suficiente para abonar las pensiones sin déficit.
     Un tercer aspecto que vale la pena subrayar es que España, pese a todos los aparentes problemas, no tiene un gasto en pensiones excesivo, si lo comparamos con el resto de los países europeos. En 2017, este gasto habrá estado en torno al 12% del PIB, unos 140000 millones de euros, si sumamos las pensiones que paga la Seguridad Social más las de las llamadas “clases pasivas”, que abona directamente la Administración Central. Es un nivel de gasto que podemos permitirnos sin problema, e incluso incrementarlo ligeramente, siendo conscientes, eso sí, de que lo que se gasta en una cosa no se puede gastar en otra; y que el gasto público global tiene unos límites que no se deben sobrepasar si se desea mantener el dinamismo económico.
     Pero precisamente este concepto del gasto público global constituye un cuarto elemento que valdría la pena considerar. Porque España está a día de hoy, tanto en presión fiscal como en gasto publico, unos 7 u 8 puntos por debajo de la media europea. Deberíamos mejorar o incrementar nuestro nivel de ingresos fiscales para así poder atender mejor las prestaciones sociales.
     En quinto lugar, antes de hacer sonar las alarmas como si un incendio voraz nos rodease, hay que dar tiempo al tiempo  y ver qué efectos tiene sobre el gasto en pensiones, la reforma que viene implantándose desde 2013 y que acabará en 2027. Quizás el mayor defecto de esta reforma es el periodo tan extenso de aplicación, pero uno de sus contenidos más destacados – el llamado factor de sostenibilidad – entrará en vigor en enero del año que viene y sin duda tendrá un cierto impacto en la cuantía de las nuevas pensiones que entran al sistema. Y debe tenerse en cuenta también el efecto moderador, con pequeñas pérdidas de poder adquisitivo hasta la fecha, que están teniendo las subidas anuales de tan sólo el 0,25%. Este año es el quinto consecutivo en que se aplica una revisión tan reducida.
    En función de todos los argumentos expuestos, creo que podría decirse que lo más urgente es esperar, no perder la calma. Porque estamos dedicando a nuestros pensionistas un porcentaje de nuestra “tarta” nacional que sin duda se merecen y además podemos permitirnos. Cierto que las pensiones son, junto con la deuda y el déficit, el mayor desafío de nuestras cuentas públicas, pero cierto también que esas 14 pagas anuales que cada quien recibe como agua de mayo han sido el mejor salvavidas para muchos náufragos de la crisis y son un poderoso factor para la redistribución de la renta y el mantenimiento del bienestar público. Esperar y no hacer sonar las alarmas de manera atolondrada. He ahí la tarea más urgente.



sábado, 23 de diciembre de 2017

ESPAÑA Y CATALUÑA DESPUÉS DEL 21-D



Tal vez sea una desmesura comparar a Mariano Rajoy con Winston Churchill, pero la desairada posición en que ha quedado el jefe del Gobierno español tras las elecciones catalanas a mí me recuerda el injusto bofetón que se llevó el premier británico tras la victoria de los aliados en la II Guerra Mundial. El hombre de las frases restallantes y el puro eterno en la boca perdió las elecciones tras haber hecho lo que tenía que hacer para galvanizar la resistencia británica frente al imparable avance de la maquinaria de guerra nazi. Y nuestro hombre gris, que ya no fuma puros, que nunca dice una palabra más alta que otra, que dedica su tiempo libre a repasar la prensa deportiva, ha tenido que ver cómo su partido a punto ha estado de quedar excluido del Parlament  después de haber hecho lo que tenía que hacer para sacar a España de un atolladero probablemente peor que el del 23-F de 1981.
A estas alturas, y a pesar de los resultados habidos en la noche electoral,  está claro que la intervención del Gobierno al amparo del artículo 155 de la Constitución, ha permitido serenar la vida política en Cataluña y en España y poner coto a la locura en que había desembocado el procés catalán. Los electores de esta comunidad autónoma o nacionalidad o como queramos llamarla han preferido seguir confiando la mayoría absoluta de su parlamento a las fuerzas políticas independentistas. Y no augura nada bueno el lenguaje belicista con el que Carles Puigdemon recibió los  resultados que le otorgaron las urnas, mucho mejores de los que habían pronosticado las encuestas.
     Pero no es verdad que esa victoria de los independentistas, con menos escaños que hace dos años y sin contar con el respaldo de la mayoría social, constituya un mandato para “seguir construyendo la República”, como han dicho los líderes de Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. El bloque de las fuerzas políticas que defienden la Constitución y la legalidad españolas ha aumentado su representación en cinco escaños. Deberían tomar nota los partidarios del permanente desafío al Estado, como deberían tomar nota de que el partido defensor de la ruptura y la unilateralidad a toda costa, la CUP, ha perdido seis de los diez escaños que tenía.
  Así, pues, los resultados del 21-D otorgan a JxC y ERC toda la legitimidad para formar gobierno, posiblemente en minoría, si no quieren seguir presos de un partido antisistema. Pero esa tarea de gobierno tienen que ejercerla dentro del marco constitucional y respetando los derechos de las fuerzas políticas y de la mayoría de ciudadanos que no ha respaldado sus planteamientos en las urnas. En definitiva, los responsables de la Generalitat tienen que gobernar para todos los catalanes y no sólo para aquellos que desearían separarse de España para constituir un estado independiente.  Tiene que hacerles reflexionar el hecho de que el partido más votado haya sido precisamente aquel que con más energía y brillantez ha defendido la Constitución y la conveniencia de que Cataluña siga siendo parte de España y de Europa.
     La vía hacia la independencia por las bravas es una vía muerta y cuanto antes lo comprendan y acepten los líderes separatistas, tanto mejor para todos. Tienen a su disposición otra vía para seguir defendiendo su programa máximo: el artículo 168 de la Constitución, del que se ha hablado mucho menos en estos meses, pero que ahí está y es tan constitucional como el 155. Pero en vista de los resultados obtenidos en la cita electoral del 21-D, lo mejor sería que olvidaran dicho programa máximo por una larga temporada y se dedicaran a gestionar los problemas económicos y sociales del día a día de los catalanes. Buscando siempre el diálogo y el consenso dentro del propio parlamento autonómico. Si se empeñan en mantener el desafío al Gobierno central y al sistema judicial español van a causar un desastre aún mayor del que ya han perpetrado y los primeros perjudicados van a ser los propios ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Y, por supuesto, si vuelven a las andadas, el Gobierno de España tendría toda la legitimidad del mundo para destituirlos, como hizo Rajoy el 27 de octubre a raíz de la aprobación en la Declaración Unilateral de Independencia en el Parlament de Cataluña. La nueva etapa que se ha abierto justo el día antes del de la Lotería no va ser plácida, pero la lidia de este morlaco al que llamamos relación de Cataluña con el resto de España nunca fue fácil.   
 




 

miércoles, 1 de noviembre de 2017

CATALUÑA Y ESPAÑA: HABLEMOS DE DINERO YA QUE NO PODEMOS HABLAR DE AMOR



     La puesta en práctica del artículo 155 de la Constitución, que tantas dudas, tantos temores y tantas incertidumbres había suscitado, está resultando un bálsamo para la convulsa situación política y económica de Cataluña. Pero una nueva inquietud, que algunos ven como un nubarrón tormentoso, se perfila ya en el horizonte: ¿y qué pasa sin en las elecciones autonómicas del 21-D vuelve a salir una composición del Parlament idéntica o similar a la que tenía el Parlament disuelto por Mariano Rajoy en la tarde-noche del 27 de octubre?
    La respuesta a esta pregunta es que de momento lo mejor es esperar y ver. Con los datos que ahora mismo tenemos en la mano, lo más probable es que salga un Parlament un poco más ingobernable que el anterior. Y las fuerzas soberanistas o secesionistas puede que sigan teniendo la mayoría, dado que el reparto territorial de los 135 escaños les favorece. En tal caso, y en el supuesto de que puedan ponerse de acuerdo, me parece que deberían aceptar un consejo muy certero que les dio Pablo Iglesias estos días de atrás: su mayoría en el Parlament les da derecho a gobernar Cataluña, pero no les da derecho  a la independencia unilateral. Y añado yo que tampoco tendrían derecho a un nuevo “Procés” como el que hemos sufrido desde las elecciones de 2015.
     El desenlace que ha llevado a Puigdemon, Forcadell, Junqueras y unos cuantos más ante los tribunales demuestra que en última instancia estamos ante una cuestión de pura y descarnada fuerza: quien tiene la fuerza impone su ley. Una fuerza que, según las circunstancias, puede presentar diferentes aspectos: moral, política, legal o física. Es evidente que el independentismo no tenía, ni parece que vaya a tener a corto plazo, la fuerza necesaria para imponerse al Estado español. Si la hubiera tenido habría impuesto su república y de nada habrían servido las apelaciones del Gobierno español a respetar el orden constitucional y las reglas del estado de derecho; y los ciudadanos de Cataluña contrarios o escépticos frente a la nueva república habrían tenido que rechistar bajo la amenaza de ser considerados delincuentes de acuerdo con las nuevas normas . Así se ha construido y se construye la historia. Quien tiene la fuerza impone su ley, no lo olvidemos.
     Así que lo que cabe esperar después del 21-D no es un  juego de seducción en el que nos vamos a decir cuánto nos queremos ni tampoco una relación pacífica en la que podamos contar con la lealtad que se supone tiene que existir entre las partes y el todo en un estado federal o autonómico, como lo queramos llamar. La deslealtad va a continuar y va a continuar la lucha sin tregua ni cuartel por hacerse con la fuerza necesaria para imponer la secesión o para mantener la integridad territorial del país.
Y en esta lucha por conservar o conseguir la hegemonía, quizá podamos llevar las de ganar quienes somos partidarios de la integridad territorial, si nos dejamos de zalamerías y vamos directos al grano: el amor es efímero y tornadizo, pero los intereses son firmes y perdurables. Nos conviene más, en términos económicos, seguir juntos que separados. La independencia es un sueño de contornos ilusionantes (para algunos) pero cuya ejecución práctica resultaría carísima para todos, especialmente para los ciudadanos de la nueva república, que tendrían que rascarse el bolsillo sin alternativa posible. Esto es lo que ha demostrado, creo, Josep Borrell en su libro “Las cuentas y los cuentos de los nacionalistas”.
     Nuestros compatriotas catalanes, sean cuales sean sus sentimientos,  tienen que soñar menos y ser más realistas. Es decir, comprender que, aun en el supuesto de una mayoría independentista abrumadora, la secesión no se va a conseguir “gratis et amore”. Como mínimo habría una negociación en la que el resto de españoles exigiríamos una compensación suficiente en términos de dinero, dinero y dinero. Y eso significaría más deudas para la nueva y flamante república y más impuestos para los “encantados” ciudadanos de la misma. Lo dicho: no hay matrimonio más duradero que aquel que se basa en sólidos y perdurables intereses compartidos.