Una de las características de la democracia es que no admite atajos. Para llegar a las soluciones justas hay que seguir el procedimiento adecuado, de lo contrario la solución estará viciada de origen y acabará invalidada. Y no vale cambiar de reglas a mitad del partido. El encuentro completo debe jugarse con las reglas preestablecidas. No vale decir, por ejemplo, "nadie puede echar abajo lo que refrendó el pueblo de Cataluña", porque todos sabemos que el texto sometido a referendum podía ser impugando ante el Constitucional y todos sabemos que el Constitucional tiene competencias para decir qué ley se ajusta y qué ley no se ajusta a nuestra Carta Magna.
El Tribunal Constitucional es la clave de bóveda de nuestro sistema democrático y poner en cuestión sus decisiones es como querer echar abajo todo el edificio. Evidentemente, el método escogido para elegir a los magistrados del Constitucional no es el más satisfactorio y provoca a veces que éstos actúen de acuerdo a los intereses partidistas del grupo que les propuso o de acuerdo con su propios prejuicios ideológicos, morales o políticos. A lo mejor sería más satisfactorio -o quizá no- designar a los 12 miembros por sorteo entre todos los catedráticos de Derecho Constitucional. O por sorteo entre los 44 millones de ciudadanos españoles. Pero lo cierto es que no hemos encontrado un método que nos garantice la pureza, la honradez, la probidad y el sentido común de los elegidos. Así, pues, tendremos que atenernos a lo que hay, si lo que queremos es que el sistema democrático salga fortalecido. Y habrá que tener el valor de explicárselo a los conciudadanos catalanes, en el supuesto de que la esperada sentencia rechace cosas como el término "nación", los "símbolos nacionales" o la obligatoriedad de aprender el catalán.
Cuando los debates constitucionales, un senador de designación real, Antonio Pedrol Ríus, ya avisó de los conflictos que podrían venir si el Constitucional invalidaba una ley previamente refrendada por la ciudadanía. La enmienda de Pedrol lo que proponía es que el pronunciamiento del Tribunal se hiciera antes y no después del referendum. Enmienda que no se aceptó y ahora estamos donde estamos: El Estatuto de Cataluña puede sufrir un "cepillado" algo más severo del que, según Alfonso Guerra, se hizo en la Comisión Constitucional del Congreso. El Alto Tribunal tiene la palabra y lo que diga "va a misa", de acuerdo con el lenguaje popular. Y todo lo que no sea respetarlo será poner palos en las ruedas de nuestro sistema democrático.
Rescate, bancos, fortunas y calcetines
Hace 4 años
3 comentarios:
Comparto el espíritu de tu post. El asunto es intrincado. Deploro la posición de un catedrático tan contrastado como Pérez Royo, cuando recurre a argumentos técnicos difícilmente sostenibles para defender claras y legítimas posiciones políticas. Rotundo y muy recomendable el artículo del lunes de Antonio Elorza en El País.
Y digo yo; si el preámbulo ya es anticonstitucional como lo va a ser el resto.
El alto tribunal irá a la misa que de la Vega diga –vimos televisado el vergonzoso espectáculo de de la Vega abroncando a la "pobre" María Emilia Casas; aquello se parecía mucho a lo que es la violencia de genero- y con el traje que Rodríguez diga. Lo único que le van a dejar elegir es la hora de la misa. Ahora bien, les está costando torcerle el brazo al constitucional. De ahí la tardanza. Espero y deseo que el Alto Tribunal no permita que una minoría humille al resto de los españoles.
Sr. Rodríguez, cobarde chapucero inepto. ¡¡VALLASE!!
He querido decir ¡¡VÁYASE!!¡¡VÁYASE!!¡¡VÁYASE!!
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