Este próximo lunes, día 24 de Noviembre, el Presidente del Gobierno va a recibir en La Moncloa a los representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias. El motivo del encuentro es tratar de dar un impulso más o menos renovado a las negociaciones para un nuevo modelo de financiación local que, en opinión de los dirigentes de la FEMP, debería entrar en vigor al mismo tiempo que el nuevo modelo de financiación autonómica.
Pedro Castro, Alcalde de Getafe desde 1.979, es el actual Presidente de la FEMP y alguna autoridad debemos reconocerle para hablar de los factores y circunstancias que han llevado a la actual asfixia de las corporaciones locales. El jueves día 20 ofreció una conferencia en el Aula Magna de la Facultad de Económicas de Alcalá (cuya fachada principal recoge la fotografía que acompaña a estas líneas). Castro no es un político que destaque por la brillantez de su oratoria, pero casi treinta años lidiando con los problemas más cercanos y cotidianos que afectan a los ciudadanos le han convertido, como digo, en un profundo conocedor de las dificultades a que se enfrenta nuestra Administración Local. Demuestra tener, además, las ideas muy claras: "Los alcaldes hacemos lo que debemos, aunque a veces debamos lo que hacemos", aseguró aludiendo, de un lado, a la deuda creciente de los Ayuntamientos; y de otro, a la voluntad de seguir prestando servicios que la sociedad reclama. Según sus datos, cerca del 30 por ciento de los presupuestos municipales de toda España ( unos 7.000 millones de euros) son destinados cada año por los Ayuntamientos a ofrecer lo que llamó "servicios de sustitución", es decir, prestaciones que no entran dentro de las competencias municipales, que deberían ser atendidas por la Administración Autonómica o la Central, pero que finalmente son las corporaciones locales las que se hacen cargo de ellas.
Lo que el lunes van a reclamar a Rodríguez Zapatero es "un modelo de financiación estable, suficiente y duradero", sin que eso signifique -prometió Castro- aumentar la presión fiscal sobre los ciudadanos. Ese modelo tendría que apoyarse sobre tres patas. En primer lugar, corregir la insuficiente participación de los Ayuntamientos en los ingresos del Estado. Este aumento de las transferencias desde los Presupuesos del Estado debería "ser incondicionado", es decir, no debería estar ligado a la aprobación de proyectos concretos, sino permitir que sea el propio gobierno local quien decida en qué se gasta el dinero que le corresponde. La segunda pata tendría que ser un incremento garantizado de participación en los ingresos de las Comunidades Autónomas, participación que, siguiendo de nuevo el argumento de Castro, debría ser incondicionada. Y finalmente, la tercera pata debería ser la reforma del espacio fiscal propio de los Ayuntamientos, espacio fiscal en el que destaca el Impuesto de Bienes Inmuebles, aunque Castro cree que la imposición local no debería estar tan ligada a la propiedad.
Castro salió al paso de las acusaciones de despilfarro y mala gestión. En primer lugar, aseguró que los Ayuntamientos son, de las tres Administraciones, la que menos deuda acumulada tienen. En total, unos 30.500 millones, lo que representa el 2,8 del Producto Interior Bruto. La deuda del Estado, por ejemplo, representa casi el 40 por ciento. En segundo lugar, pidió que a los Ayuntamientos se les permita incurrir en un cierto déficit, y más ahora que todas las miradas se han vuelto hacia la inversión pública como motor para la salida de la crisis.
Los asistentes le plantearon al Presidente de la FEMP el espinoso asunto de los sueldos, los muchos alcaldes y concejales "liberados", las contrataciones a dedo, la proliferación de asesores y cargos de confianza, etc. Como era de esperar, también aquí optó por ver la botella medio llena: vino a decir que el coste de los "liberados más los cargos de confianza representa, aproximadadamente, un 8 por ciento de los presupuestos", cifra que le parece razonable.
De corruptelas varias, pelotazos urbanísticos a lo grande, corrupciones de juzgado de guardia y otros quebrantos no hablaron ni el conferenciante ni los asistentes. Quizá porque todos coincidían en lo muy deprimente que resulta la escasa confianza que merecen los seres humanos como guardianes del dinero que no es suyo. Por experiencia propia sé que muchos conciudadanos preferirían mil veces la visita al sacamuelas que trabajar para un Ayuntamiento, a no ser que sea, claro está, en calidad de funcionario.
Pedro Castro, Alcalde de Getafe desde 1.979, es el actual Presidente de la FEMP y alguna autoridad debemos reconocerle para hablar de los factores y circunstancias que han llevado a la actual asfixia de las corporaciones locales. El jueves día 20 ofreció una conferencia en el Aula Magna de la Facultad de Económicas de Alcalá (cuya fachada principal recoge la fotografía que acompaña a estas líneas). Castro no es un político que destaque por la brillantez de su oratoria, pero casi treinta años lidiando con los problemas más cercanos y cotidianos que afectan a los ciudadanos le han convertido, como digo, en un profundo conocedor de las dificultades a que se enfrenta nuestra Administración Local. Demuestra tener, además, las ideas muy claras: "Los alcaldes hacemos lo que debemos, aunque a veces debamos lo que hacemos", aseguró aludiendo, de un lado, a la deuda creciente de los Ayuntamientos; y de otro, a la voluntad de seguir prestando servicios que la sociedad reclama. Según sus datos, cerca del 30 por ciento de los presupuestos municipales de toda España ( unos 7.000 millones de euros) son destinados cada año por los Ayuntamientos a ofrecer lo que llamó "servicios de sustitución", es decir, prestaciones que no entran dentro de las competencias municipales, que deberían ser atendidas por la Administración Autonómica o la Central, pero que finalmente son las corporaciones locales las que se hacen cargo de ellas.
Lo que el lunes van a reclamar a Rodríguez Zapatero es "un modelo de financiación estable, suficiente y duradero", sin que eso signifique -prometió Castro- aumentar la presión fiscal sobre los ciudadanos. Ese modelo tendría que apoyarse sobre tres patas. En primer lugar, corregir la insuficiente participación de los Ayuntamientos en los ingresos del Estado. Este aumento de las transferencias desde los Presupuesos del Estado debería "ser incondicionado", es decir, no debería estar ligado a la aprobación de proyectos concretos, sino permitir que sea el propio gobierno local quien decida en qué se gasta el dinero que le corresponde. La segunda pata tendría que ser un incremento garantizado de participación en los ingresos de las Comunidades Autónomas, participación que, siguiendo de nuevo el argumento de Castro, debría ser incondicionada. Y finalmente, la tercera pata debería ser la reforma del espacio fiscal propio de los Ayuntamientos, espacio fiscal en el que destaca el Impuesto de Bienes Inmuebles, aunque Castro cree que la imposición local no debería estar tan ligada a la propiedad.
Castro salió al paso de las acusaciones de despilfarro y mala gestión. En primer lugar, aseguró que los Ayuntamientos son, de las tres Administraciones, la que menos deuda acumulada tienen. En total, unos 30.500 millones, lo que representa el 2,8 del Producto Interior Bruto. La deuda del Estado, por ejemplo, representa casi el 40 por ciento. En segundo lugar, pidió que a los Ayuntamientos se les permita incurrir en un cierto déficit, y más ahora que todas las miradas se han vuelto hacia la inversión pública como motor para la salida de la crisis.
Los asistentes le plantearon al Presidente de la FEMP el espinoso asunto de los sueldos, los muchos alcaldes y concejales "liberados", las contrataciones a dedo, la proliferación de asesores y cargos de confianza, etc. Como era de esperar, también aquí optó por ver la botella medio llena: vino a decir que el coste de los "liberados más los cargos de confianza representa, aproximadadamente, un 8 por ciento de los presupuestos", cifra que le parece razonable.
De corruptelas varias, pelotazos urbanísticos a lo grande, corrupciones de juzgado de guardia y otros quebrantos no hablaron ni el conferenciante ni los asistentes. Quizá porque todos coincidían en lo muy deprimente que resulta la escasa confianza que merecen los seres humanos como guardianes del dinero que no es suyo. Por experiencia propia sé que muchos conciudadanos preferirían mil veces la visita al sacamuelas que trabajar para un Ayuntamiento, a no ser que sea, claro está, en calidad de funcionario.
1 comentario:
factsifYa hace mucho tiempo que los gobiernos municipales vienen dennciando que el dinero que se les transfiere desde las arcas del Estado Central y desde el de la comnunidad autonómica correspondiente, no es suficiente para atender de modo adecuado los sevicios que demandan los ciudadanos.
Seguramente tienen razón, pero unos más que otros y hasta seguro que los hay que no la tienen, y ello porque sencillamente hay municipios gestionados de forma magnífica, otros regular, y también de modo pesimo. de ahí que lo de recibir transferencias desde las instituciones de rango superior de modo "incondicionado" merece por lo menos un rascarse la cabeza antes de aceptar la fórmula, porque no condicionar la transferencia económica a proyectos concretos puede llevar a muchos ayuntamientos a un aumento de gastos, ya de por sí excesivos en muchos municipios, en autopromoción del gobierno local; en el aumento de de contratación de cargos de confianza y asesores como denunciaron algunos sistentes a la conferencia de Pedro Castro, además de los sueldos de los cargos públicos, asunto este último que está pidiendo a gritos una normativa de rango estatal.
El dinero público tiene que estar sometido a todo tipo de controles, no sólo para que no se malverse, que eso se da por descontado, sino para que no se malgase; para que no se emplee estúpidamente, para dcirlo claro. y me temo que esto último se hace con demasiada frecuencia. Alcalá de Henares es un ejemplo de ellodurante los últimos años.
Un cordial saludo
M.Sant Macía
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