¿ESTÁ JUSTIFICADA LA HUELGA GENERAL?

En las últimas semanas, a medida que se acercaba la fecha elegida para la protesta contra la última reforma laboral, hemos asistido a una intensa campaña de desprestigio contra los sindicatos españoles. Si nos tomáramos en serio lo que se ha escrito en algunos medios, deberíamos reclamar la urgente reforma de la Constitución para prohibir su existencia, puesto que al parecer se comportan como auténticas sabandijas que viven de chuparle la sangre al erario público y a sus propios representados.
La Presidenta de la Comunidad de Madrid ha cogido al vuelo la oportunidad de convertirse en la punta de lanza de esa campaña de desprestigio y no ha dudado en poner sobre la mesa el problema de los “liberados” sindicales como cortina de humo para ocultar otros problemas y otras actuaciones suyas que le hacen mucho más daño a la deseable cohesión social. Algunos medios han jaleado las intenciones de Aguirre asegurando que los 70 millones de euros que “cuestan” los “liberados” son “inasumibles”. Qué paradoja tan grande: no nos podemos permitir lo que nos “cuestan” los delegados sindicales, pero sí nos podemos permitir en cambio lo miles de millones que nos “cuesta” la demagógica supresión del Impuesto de Sucesiones. ¿Qué es más dañino para la igualdad y la cohesión social en Madrid: la existencia de 3.500 “liberados” sindicales o los “regalos” fiscales de la señora Aguirre a los más ricos de la región? Quizá vale la pena hacerse esa pregunta antes de decidir nuestra opinión sobre la huelga general que los sindicatos intentan sacar adelante.

Vale la pena también recordar algunos datos para subrayar el contexto socioeconómico en que se produce la convocatoria sindical. En el año 1995, según el Instituto Nacional de Estadística, el salario medio por trabajador en España se situaba en 2,789 millones de pesetas, que vienen a ser unos 16.800 euros en números redondos. Para mantener su poder adquisitivo, el salario medio tendría que haber sido el año pasado (último con datos disponibles) de unos 24.600 euros, pero se quedó en sólo 22.000. Es decir, que los asalariados españoles durante los últimos tres lustros han perdido poder adquisitivo a razón de casi un punto porcentual por año. Aunque las estadísticas siempre son manipulables, tengo la impresión de que en este caso no hacen otra cosa que confirmar la opinión generalizada que uno puede palpar en la calle. De hecho, la participación de los salarios en el reparto de la renta nacional ha caído unos cinco puntos en los últimos diez años y actualmente apenas supera el 45 por ciento.

A pesar de estos datos, las organizaciones empresariales y sus aliados no han dejado de culpar a los “altos costes laborales” por el aumento del desempleo y la presunta pérdida de “competitividad” de la economía española en el exterior. No han dejado de insistir en la necesidad de una reforma laboral que, en sus labios, sólo significaba más facilidades para el despido, indemnizaciones más baratas, más libertad para “descolgarse” de los convenios, etc. En resumen, menos obstáculos para explotar a la mano de obra asalariada y recomponer la tasa de ganancia de la clase empresarial.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero –en un giro copernicano respecto de todas las promesas que había venido haciendo- ha tratado de dar satisfacción a las exigencias empresariales con la reforma que el Boletín Oficial del Estado ha publicado el día 18 de los corrientes. Como es lógico, la clase empresarial se muestra descontenta e insiste machaconamente en que la reforma es “insuficiente”. Porque lo que desearía la patronal española es disponer de una clase trabajadora sometida a las mismas condiciones de explotación extrema que hoy se dan en China: jornadas laborales de sol a sol, ausencia total de derechos políticos y sindicales, inexistencia de todo atisbo de negociación colectiva, aparatos del Estado siempre listos para reprimir cualquier protesta.

¿Qué podían hacer los sindicatos? Puede que la convocatoria del día 29 acabe siendo un fracaso, pero la resignación era y es un suicidio. Estamos ante el más grave recorte de derechos laborales sufrido por los trabajadores españoles desde la época de la Transición, un recorte que afecta incluso a un derecho constitucional como es el de la negociación colectiva. Pero, aun así, puede que la convocatoria sea un fracaso: quizá por miedo, quizá porque hoy en día pesa más la idea que nos hacemos de nosotros mismos como ciudadanos y como consumidores que como asalariados. Nos hemos vuelto muy consumistas y nos da pavor la sola idea de ver cómo nos descuentan un día de salario en las nóminas. En los próximos días, además, crecerá hasta hacerse ensordecedor el coro de voces invocando el sacrosanto derecho de acudir al trabajo cuando no se quiere hacer huelga. Somos de memoria frágil y ya no recordamos que todos y cada uno de los derechos laborales y sindicales que hoy existen se han conseguido tras pagar un alto precio en luchas y sufrimientos. De modo que si la huelga fracasa, o no se consigue reformar la reforma, el fracaso no será de los sindicatos –que a fin de cuentas no son otra cosa que la clase trabajadora organizada para defender sus derechos-. Será el fracaso de millones de personas –unas con empleo y otras en paro- que van a ver cómo empeoran sus condiciones de vida y de trabajo
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