De cuando en cuando retorna al debate político español la conveniencia, o no, de reformar nuestra Ley Electoral. El último en plantearlo públicamente, y además como exigencia para un posible pacto de gobierno con los socialistas, ha sido Gaspar Llamazares, el líder de la formación más perjudicada por el sistema actual. Sin duda es un momento propicio para poner la cuestión sobre la mesa, porque dentro de muy pocas semanas iremos de nuevo a las urnas.
Lo primero que hay que reconocer de la ley actual es que, unida al mecanismo de la moción de censura constructiva que recoge la Constitución, ha proporcionado una gran estabilidad gubernamental. Basta con echar un vistazo a las escenas de estos días de atrás en el Parlamento italiano, para darse cuenta de la importancia vital que tenía esa estabilidad en la consolidación del régimen de libertades que estrenamos en 1.977. En los 30 años largos de democracia sólo se han debatido dos mociones de censura, y ni un sólo Gobierno ha sido derribado en el Parlamento español. La única excepción sería lo ocurrido con el último Gabinete de Felipe González, cuando Jordi Pujol le retiró el apoyo al proyecto de Presupuestos y el líder socialista hubo de convocar Elecciones anticipadas.
Pero en el otro platillo de la balanza tendríamos que colocar el daño que causa a los partidos minoritarios de ámbito nacional la propensión al bipartidismo, con el consiguiente empobrecimiento de la pluralidad democrática y el protagonismo exagerado que han tenido y tienen los partidos nacionalistas, dueños de la llave para formar mayorías parlamentarias cuando ninguna de las dos grandes formaciones nacionales consigue mayoría absoluta.
LAS HECTÁREAS PESAN MÁS QUE LOS CIUDADANOS
La piedra angular de un sistema democrático es el sagrado principio "un hombre, un voto". Pero no existe un sólo sistema electoral que no desvirtúe, de un modo u otro, ese principio. En la España actual la distorsión mayor no es culpa del señor D`Hont, como erróneamente piensan y escriben muchos analistas de nuestra vida política. La distorsión mayor es culpa de la propia Constitución, que divide el territorio nacional en 52 circunscripciones. Si la soberanía nacional es, por definición, un concepto indivisible, los representantes de la misma, para ser fieles al ideal democrático, tendrían que ser elegidos en una circunscripción única, mediante un sistema proporcional puro -por ejemplo, el propio D`Hont- y sin barreras o porcentajes de voto mínimos necesarios para entrar en el reparto de escaños. Un sistema así, que por cierto es el que aplicamos para las Elecciones al Parlamento Europeo, sería extremadamente fiel al principio "un hombre, un voto", pero tendría un grave inconveniente práctico: la dispersión y, en consecuencia, la dificultad para formar mayorías estables.
Ya por el simple hecho de la división en 52 circunscripciones, se está concediendo una importantísima ayuda a los partidos mayoritarios. Además, la Ley Electoral establece un número mínimo de 2 diputados por provincia más los que les correspondan por su número de habitantes. Se configura así un panorama en el que las hectáreas, o los kilómetros cuadrados, tienen más peso que los ciudadanos; de manera que para conseguir un escaño por Guadalajara o Soria, por ejemplo, puede bastar con 25.000 votos, mientras que un escaño por Madrid o Barcelona "cuesta" más de 100.000 votos. Las provincias menos pobladas gozan de una representación mayor de la que les correspondería y en todas ellas los partidos minoritarios lo tienen imposible: en muchos casos, ni siquiera con un 20 por ciento, o más, del voto popular, obtendrían diputados.
El resultado del sistema actual es que en las Elecciones de 2.004, el PSOE obtuvo un escaño en el Congreso por cada 66.500 votos; el PP, uno por cada 65.000; e Izquierda Unida, el grupo más perjudicado, uno por cada 250.000 votos. De haberse celebrado los comicios con un único distrito electoral, los resultados habrían sido los siguientes (entre paréntesis el número de escaños realmente obtenido por cada partido):
Partido Socialista Obrero Español...154 (164)
Partido Popular............................ 136 (148)
Izquierda Unida........................... 18 (5 )
Convergencia y Unión.................. 12(10)
Esquerra Republicana de Cataluña.. 9 (8 )
Partido Nacionalista Vasco............... 6 ( 7 )
Como puede apreciarse, el reparto sería mucho más justo y el peso político decisivo para formar mayoría absoluta en la cámara cambiaría de manos: los nacionalistas seguirían con un peso muy importante, pero Izquierda Unida tendría un peso mayor, más acorde con su número de votos, que la situaron en tercer lugar a escala nacional, por detrás de PSOE y PP.
¿QUÉ OBJETIVOS DEBERÍA BUSCAR UN POSIBLE CAMBIO ELECTORAL?
Es difícil que llegue a producirse el cambio que reclamaba Gaspar Llamazares. En primer lugar, porque al Partido Socialista y al Partido Popular les va bien con lo que hay ahora; y en segundo lugar, porque los nacionalistas también están contentos, porque sus votos, que en conjunto no llegan al 10 por ciento del total, se traducen en una extraordinaria capacidad de presión y de influencia en el Parlamento. Pero el hecho de que un hipotético cambio no les convenga a los dos partidos mayoritarios, no quiere decir que no fuera conveniente o necesario para la democracia española. En mi opinión, sí que es necesario y debería tener los siguientes objetivos: en primer lugar, establecer una relación más justa entre número de votos y número de escaños. En segundo lugar, eliminar el peso excesivo de los territorios frente a las personas, de manera que todos los ciudadanos tengan una representación lo más igualitaria posible, es decir, que unos ciudadanos no elijan, proporcionalmente, más escaños que otros.En tercer lugar, favorecer la supervivencia -en aras de una mayor pluralidad- de las formaciones minoritarias que ámbito nacional. En cuarto lugar, mantener la estabilidad de fondo que proporciona el actual sistema electoral; y en quinto lugar, moderar o reducir el excesivo protagonismo de las fuerzas nacionalistas en la formación de las mayorías de gobierno y en la formulación de las políticas públicas. En la segunda parte de este artículo analizaremos las posibles modificaciones para lograr esos objetivos.
Lo primero que hay que reconocer de la ley actual es que, unida al mecanismo de la moción de censura constructiva que recoge la Constitución, ha proporcionado una gran estabilidad gubernamental. Basta con echar un vistazo a las escenas de estos días de atrás en el Parlamento italiano, para darse cuenta de la importancia vital que tenía esa estabilidad en la consolidación del régimen de libertades que estrenamos en 1.977. En los 30 años largos de democracia sólo se han debatido dos mociones de censura, y ni un sólo Gobierno ha sido derribado en el Parlamento español. La única excepción sería lo ocurrido con el último Gabinete de Felipe González, cuando Jordi Pujol le retiró el apoyo al proyecto de Presupuestos y el líder socialista hubo de convocar Elecciones anticipadas.
Pero en el otro platillo de la balanza tendríamos que colocar el daño que causa a los partidos minoritarios de ámbito nacional la propensión al bipartidismo, con el consiguiente empobrecimiento de la pluralidad democrática y el protagonismo exagerado que han tenido y tienen los partidos nacionalistas, dueños de la llave para formar mayorías parlamentarias cuando ninguna de las dos grandes formaciones nacionales consigue mayoría absoluta.
LAS HECTÁREAS PESAN MÁS QUE LOS CIUDADANOS
La piedra angular de un sistema democrático es el sagrado principio "un hombre, un voto". Pero no existe un sólo sistema electoral que no desvirtúe, de un modo u otro, ese principio. En la España actual la distorsión mayor no es culpa del señor D`Hont, como erróneamente piensan y escriben muchos analistas de nuestra vida política. La distorsión mayor es culpa de la propia Constitución, que divide el territorio nacional en 52 circunscripciones. Si la soberanía nacional es, por definición, un concepto indivisible, los representantes de la misma, para ser fieles al ideal democrático, tendrían que ser elegidos en una circunscripción única, mediante un sistema proporcional puro -por ejemplo, el propio D`Hont- y sin barreras o porcentajes de voto mínimos necesarios para entrar en el reparto de escaños. Un sistema así, que por cierto es el que aplicamos para las Elecciones al Parlamento Europeo, sería extremadamente fiel al principio "un hombre, un voto", pero tendría un grave inconveniente práctico: la dispersión y, en consecuencia, la dificultad para formar mayorías estables.
Ya por el simple hecho de la división en 52 circunscripciones, se está concediendo una importantísima ayuda a los partidos mayoritarios. Además, la Ley Electoral establece un número mínimo de 2 diputados por provincia más los que les correspondan por su número de habitantes. Se configura así un panorama en el que las hectáreas, o los kilómetros cuadrados, tienen más peso que los ciudadanos; de manera que para conseguir un escaño por Guadalajara o Soria, por ejemplo, puede bastar con 25.000 votos, mientras que un escaño por Madrid o Barcelona "cuesta" más de 100.000 votos. Las provincias menos pobladas gozan de una representación mayor de la que les correspondería y en todas ellas los partidos minoritarios lo tienen imposible: en muchos casos, ni siquiera con un 20 por ciento, o más, del voto popular, obtendrían diputados.
El resultado del sistema actual es que en las Elecciones de 2.004, el PSOE obtuvo un escaño en el Congreso por cada 66.500 votos; el PP, uno por cada 65.000; e Izquierda Unida, el grupo más perjudicado, uno por cada 250.000 votos. De haberse celebrado los comicios con un único distrito electoral, los resultados habrían sido los siguientes (entre paréntesis el número de escaños realmente obtenido por cada partido):
Partido Socialista Obrero Español...154 (164)
Partido Popular............................ 136 (148)
Izquierda Unida........................... 18 (5 )
Convergencia y Unión.................. 12(10)
Esquerra Republicana de Cataluña.. 9 (8 )
Partido Nacionalista Vasco............... 6 ( 7 )
Como puede apreciarse, el reparto sería mucho más justo y el peso político decisivo para formar mayoría absoluta en la cámara cambiaría de manos: los nacionalistas seguirían con un peso muy importante, pero Izquierda Unida tendría un peso mayor, más acorde con su número de votos, que la situaron en tercer lugar a escala nacional, por detrás de PSOE y PP.
¿QUÉ OBJETIVOS DEBERÍA BUSCAR UN POSIBLE CAMBIO ELECTORAL?
Es difícil que llegue a producirse el cambio que reclamaba Gaspar Llamazares. En primer lugar, porque al Partido Socialista y al Partido Popular les va bien con lo que hay ahora; y en segundo lugar, porque los nacionalistas también están contentos, porque sus votos, que en conjunto no llegan al 10 por ciento del total, se traducen en una extraordinaria capacidad de presión y de influencia en el Parlamento. Pero el hecho de que un hipotético cambio no les convenga a los dos partidos mayoritarios, no quiere decir que no fuera conveniente o necesario para la democracia española. En mi opinión, sí que es necesario y debería tener los siguientes objetivos: en primer lugar, establecer una relación más justa entre número de votos y número de escaños. En segundo lugar, eliminar el peso excesivo de los territorios frente a las personas, de manera que todos los ciudadanos tengan una representación lo más igualitaria posible, es decir, que unos ciudadanos no elijan, proporcionalmente, más escaños que otros.En tercer lugar, favorecer la supervivencia -en aras de una mayor pluralidad- de las formaciones minoritarias que ámbito nacional. En cuarto lugar, mantener la estabilidad de fondo que proporciona el actual sistema electoral; y en quinto lugar, moderar o reducir el excesivo protagonismo de las fuerzas nacionalistas en la formación de las mayorías de gobierno y en la formulación de las políticas públicas. En la segunda parte de este artículo analizaremos las posibles modificaciones para lograr esos objetivos.
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