EL CIERRE DE GAROÑA: UNA DECISIÓN RAZONABLE

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha anunciado el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña para 2013, lo cual supone prolongar en sólo 2 años más la vida útil de esta instalación en lugar de los 10 que había propuesto el Consejo de Seguridad Nuclear. La decisión, que no ha satisfecho a nadie, trata de hacer honor a los compromisos electorales del Partido Socialista y, al mismo tiempo, mitigar el daño directo o inmediato a los afectados por el cierre, principalmente las empresas propietarias, los trabajadores de la planta y los ciudadanos de la comarca burgalesa en que ésta se encuentra ubicada.
En ZD habíamos pronosticado hace unos días que el acuerdo más probable del Consejo de Ministros sería una vía intermedia entre el cierre en 2011 -final de los 40 años de vida útil previstos cuando se diseñó la central- y el cierre en 2020, tal como exigían los afectados y los partidarios de que la energía eléctrica de origen nuclear tenga un peso mayor en España. Es lógico que la de decisión de ZP haya suscitado las críticas desde los dos extremos, porque todo el mundo desearía ver cumplido su programa máximo. Pero, si se examina desde una posición más equilibrada, el anuncio del Ejecutivo parece lo más sensato.
En primer lugar, hay que tener en cuenta los compromisos electorales y las propias preferencias del Presidente del Gobierno, partidario de ir reduciendo el peso de la energía nuclear, aunque haya puesto sordina a la promesa inicial ( que no se va a cumplir ) de tener todas las nucleares cerradas para 2.020. En segundo lugar, se da un plazo de cuatro años para que los trabajadores y la comarca afectada se preparen para lo que en todo caso era inevitable: o se echaba el cierre ahora o se echaba dentro de seis años. Y finalmente, las empresas propietarias de la planta seguirán obteniendo suculentos beneficios durante cuatro años más: ellas habrían querido que fueran diez, o veinte, o cincuenta más, pero los programas máximos son difíciles de imponer cuando hay tantos intereses contrapuestos.
Algunos han hablado ( el editorial de EL PAÍS, por ejemplo ) de que el cierre de Garoña hará que aumente nuestra dependencia exterior y la cantidad de emisiones de efecto invernadero. Eso es demagogia pura. Las instalaciones de energías alternativas ya existentes pueden sustituir sin problema a la central de Garoña, que tan sólo aporta el 1,5 por ciento de la producción total de energía eléctrica. Y en cuanto a los gases de efecto invernadero, el verdadero problema está en la actividad económica en su conjunto y en los millones de coches que salen cada día a quemar gasolina en nuestras calles y carreteras. ¿Estamos dispuestos a prescindir del automóvil? La respuesta es no, queridos lectores de ZD; y sólo será sí cuando el petróleo esté tan caro que no nos lo podamos permitir.
Otras voces han señalado que sigue sin resolverse la cuestión de fondo: cuál es el futuro de la energía nuclear en España, que hoy en día representa alrededor del 18 por ciento de la producción total de electricidad. Esta es una observación certera, porque en lo que estamos es en la moratoria acordada en tiempos de Felipe González. El Partido Popular ( aunque Rajoy ahora promete que si gana en 2012 dejará sin efecto la orden de cierre ) en sus ocho años de gobierno no anuló esa moratoria y además procedió al cierre de la central de Zorita. Los partidarios del átomo presionan con todas sus fuerzas para que se autorice la construcción de nuevas centrales ( bajo el paraguas protector del Estado, eso sí, porque lo suyo es apostar sobre seguro ), pero el Gobierno actual tiene un compromiso con la ciudadanía que apunta en la direción contraria. Quizá el futuro deba resolverse mediante un referendum, pero eso no nos librará de una verdad incómodo, como diría Al Gore: tenemos que ser más ahorradores y menos derrochadores.