AHORROS PARA LA VEJEZ Y FONDOS DE PENSIONES: EL GRAN ENGAÑO

Por razones personales que no hacen al caso, se me pasan los días sin encontrar el tiempo y la inspiración para atender un poco más este cuaderno de bitácora en el que voy publicando mis reflexiones. En relación con la última entrada, informo a todos los amables lectores que el ganador de las Elecciones para el Rectorado de la Universidad de Alcalá fue Fernando Galván, quien ya ha comenzado a tomar decisiones muy polémicas, como despedir a la que hasta ahora había sido la directora del Gabinete de Prensa. Con razón se dice por ahí que el periodismo es una de las profesiones más peligrosas del mundo.
Agradezco a todos las visitas de estas últimas semanas y os ofrezco aquí, en rigurosa pimicia, el artículo que este mismo domingo he enviado a la redacción de Diario de Alcalá. Un artículo en el que vuelvo sobre uno de mis temas favoritos. Lo ideal habría sido escribirlo al día siguiente de la solemne estupidez dicha por el Ministro Corbacho sobre los planes privados de pensiones, pero una cosa es lo que uno desearía hacer y otra lo que consigue hacer.

AHORROS PARA LA VEJEZ Y FONDOS DE PENSIONES: EL GRAN ENGAÑO

Hubo un tiempo, no muy lejano, en el que uno podía ir juntando un capitalito con la esperanza de disfrutarlo ventajosamente llegada la edad de retiro. La fórmula más extendida para hacerlo tenía algunos inconvenientes de mucho calado, el mayor de los cuales consistía en que, tanto las aportaciones hechas como los rendimientos acumulados, constituían unos denominados “derechos consolidados”, sí, pero también cautivos durante lustros o décadas hasta que el titular de los mismos podía rescatarlos por el procedimiento de cuidarse mucho a fin de llegar vivito y coleando a la jubilación.
Otro inconveniente que no fue tenido en cuenta – ni por los ahorradores ni por las autoridades públicas, siempre tan entusiastas con el ahorro a largo plazo- eran las comisiones leoninas que las entidades gestoras de los fondos de pensiones fueron autorizadas a aplicar. Comisiones que se cargaban a rajatabla, tanto si había ganancias como pérdidas, y que podían llegar –sumando la gestión y el depósito- a un 2,6 por ciento anual del patrimonio acumulado.
Quizá el motivo por el que mucha gente no reparó en este segundo inconveniente fue que cuando comenzaron a generalizarse los fondos de pensiones –hace unos veinte años- los rendimientos anuales de la deuda pública (y con ellos los de las emisiones privadas) estaban por encima del 10 por ciento anual. Cuando los rendimientos cayeron hasta situarse en una tercera parte de lo que habían sido, las entidades gestoras –todas ellas controladas por bancos y cajas de ahorros- mantuvieron sus comisiones. Algunas, cierto es, decidieron hacer un gran alarde de generosidad con sus clientes y rebajaron sus comisiones hasta situarlas en el entorno del 2 por ciento anual. En cualquier caso, esas comisiones de gestión y depósito, que al principio representaban una cuarta parte de los rendimientos brutos anuales que podía esperar un ahorrador (llamado partícipe en la jerga del sector), hoy en día representan la mitad o más de los rendimientos previsibles.
Ante el hecho incontrovertible de que muchos fondos estaban obteniendo rendimientos anuales negativos ( o sea, pérdidas), las gestoras dijeron a sus partícipes: si queréis obtener mayores rendimientos tendréis que asumir un riesgo más elevado. Y, en consecuencia, una parte de los patrimonios fue invertida en renta variable, con resultados podríamos decir que desiguales, pero, en general, tirando a catastróficos. El balance de todo ello es que hoy en día cientos de miles de partícipes tienen unos “derechos consolidados” cuya cuantía es inferior a la suma de las aportaciones que han venido haciendo desde que abrieron con ilusión de neófitos su fondo de pensiones. Otros cientos de miles han tenido más suerte y la suma de sus “derechos consolidados” es superior a la suma de aportaciones, aunque no llega a lo que habrían conseguido por sí mismos limitándose a colocar los ahorros en sucesivas imposiciones a plazo fijo.
Según datos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva, el 96 por ciento de los fondos de pensiones ha obtenido en los últimos diez años una rentabilidad media anual inferior a la inflación, que ha sido del 3,2. Así que los únicos que tienen algo que celebrar son las gestoras, que se llevan cada año unos dos mil millones de euros, tanto si llueve como si escampa.
Es verdad que, desde el punto de vista fiscal, los fondos presentaban un par de atractivos –uno falso y el otro verdadero- que parecían compensar, al menos en parte, este desalentador panorama que acabamos de describir. El atractivo falso –que sigue en vigor- es el de la desgravación de las aportaciones en la declaración de la renta. Es falso porque en realidad no hace otra cosa que aplazar el momento del “ajuste de cuentas” con la hacienda pública, ajuste que se lleva a cabo cuando el partícipe reúne las condiciones legales para disfrutar de su dinero y al tipo marginal que le corresponda. Como mínimo un 24 por ciento sobre la totalidad de los “derechos consolidados” y como máximo un 43. Del “ajuste final” no se salva nadie (bueno, puede que algunos sí), tanto si decide recuperar su dinero en forma de capital como si lo hace en forma de renta mensual.
El otro atractivo –el verdadero- murió el 31 de diciembre de 2006 a manos de Pedro Solbes, quien justificó en el Parlamento la puñalada trapera a los ocho millones de partícipes con el argumento de que los fondos, preferentemente, debían dedicarse o concebirse como una forma de reforzar la futura renta mensual de los pensionistas y no como una forma de acumular dinero para “caprichos” del tipo “coge el dinero y corre”. El atractivo ya cadáver consistía en la reducción del 40 por ciento que se aplicaba sobre la totalidad de los “derechos consolidados” antes de hacer las cuentas con Hacienda.
¿Conocen estos detalles los asustadizos ahorradores que se dejan impresionar por las cosas que se cuentan en los telediarios? ¿Leen los informes que las gestoras están obligadas a enviarles trimestralmente? ¿Les advierten los asesores y gestores de clientes que les aguardan en las oficinas bancarias exhibiendo la mejor de sus sonrisas? Mucho me temo que la respuesta a esas preguntas es no.
Y en este contexto, va el Ministro de Trabajo, se planta delante de las cámaras y lanza su mensaje “a la ciudad y al mundo”: yo tengo un plan de pensiones e invito a todos a que suscriban uno. Pues muy bien. Será que Celestino Corbacho, tan atareado, no ha encontrado un par de tardes para que su correligionario Jordi Sevilla le explique algunas cosas. Por mi parte, desde la modestia de ser un partícipe que ha podido escapar del “corralito”, sólo puedo decir una cosa: Desde el punto de vista financiero-fiscal, la peor decisión que puede adoptar un ciudadano deseoso de ahorrar para la vejez es suscribir un plan individual de pensiones. Como tener sed y beber agua del mar.