RODRÍGUEZ ZAPATERO Y EL SANTO GRIAL (EN FORMA DE CHEQUE) DE LOS NACIONALISTAS CATALANES

Una de las instituciones (o peculiaridades) europeas que más han dado que hablar en los últimos lustros es el Cheque Británico. Como se sabe, el presupuesto de la UE se nutre de las aportaciones que hacen los estados miembros en función de su producto nacional, su recaudación por IVA, etc. Y luego ese presupuesto de reparte en función de unos criterios más o menos objetivos, como son la política agrícola común, los fondos estructurales, la política de cohesión, etc.
A comienzos de los años ochenta del siglo pasado, Margaret Thacher -que ha pasado a la historia como la "Dama de Hierro"- se dio cuenta de que, mediante la aplicación de esos baremos objetivos de ingresos y gastos, el Reino Unido se convertía en uno de los contribuyentes netos al presupuesto de la Unión. Aquello era más de lo que podía soportar su proclamado euroescepticismo. Así que en una de las reuniones trimestrales que suelen celebrar los Jefes de Estado y de Gobierno montó una de las mayores broncas que se recuerdan al grito de "quiero mi dinero". Así nació el Cheque Británico: un dinero que cada año retorna a las Islas desde las arcas comunitarias, no por aplicación de ninguna política o criterio objetivo, sino porque sí, porque esa fue la concesión que Thacher arrancó al resto de sus colegas.
¿Nos encaminamos en España, merced al endiablado asunto de la financiación autonómica, a lo que podríamos llamar el Cheque Catalán? Desde luego, las actitudes que muestran los gobernantes de la Generalitat y los dirigentes de los partidos nacionalistas ( y en este punto hay que incluir también al PSC) se parecen mucho a la bronca que organizó la líder conservadora británica. Se han dado cuenta de que Cataluña es contribuyente neto a esa unión llamada España (ya intenté explicar en la entrada anterior que en este hecho no hay nada de solidario) y quieren acabar con esa situación, quieren su cheque. Y no ocultan cuál sería su objetivo máximo: llegar a un sistema fiscal privilegiado, como el que disfrutan el País Vasco y Navarra. De momento, ese objetivo máximo se nos antoja lejano, porque lo de Euzkadi y Navarra es una excepción y las excepciones dejan de serlo cuando se generalizan y además vaciarían de todo sentido y competencias al Estado central, una de cuyas funciones esenciales es la redistribución de la riqueza que se genera en el país.
El Presidente del Gobierno, gracias al acuerdo de última hora con Iniciativa per Cataluña, consiguió salvarse de la exigida comparecencia en el Congreso para explicar el estado de las negociaciones para la nueva financiación autonómica. En su lugar comparecerá el Vicepresidente Pedro Solbes, quien dispone de todos los datos y todas las cualidades para situar el debate en un "plano más técnico", según dijo con cierto alivio el portavoz parlamentario del PSOE. Solbes se enfrenta a una papeleta muy difícil, porque no es de recibo la pretensión catalana de aumentar porque sí -ellos lo llaman limitar la solidaridad- la cantidad de dinero con la que se queda la Generalitat. El pacto con Iniciativa incluye el compromiso de cerrar el nuevo modelo de financiación en un plazo máximo de tres meses. A ZP -y eso que está a sólo siete diputados de la mayoría absoluta- se le acumulan en las manos las patatas calientes.

BALANZAS FISCALES Y SOLIDARIDAD: ELLOS Y NOSOTROS

La publicación de las llamadas balanzas fiscales y los primeros escarceos en la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica han sido dos de los elementos clave en la actualidad política previa a las vacaciones veraniegas. Ambas cosas -las balanzas y el sistema de financiación- se presentan contaminadas por alguno de esos lugares comunes que todo el mundo tiene por verdades evidentes y que nadie se atreve a cuestionar, quizá por miedo a caer en la incorrección política. He aquí uno de esos mitos indiscutibles en el discurso de nuestros políticos: Cataluña -y con Cataluña todas las comunidades que tienen una balanza fiscal negativa- es solidaria con el resto de España.
Tan convencidos están de la verdad inamovible de este aserto, que para algunos, como el ex-diputado Joan Puig, sería de "mal nacidos" no reconocerlo. Pues bien, yo no lo reconozco, no creo que esa afirmación responda a la realidad e intentaré demostrarlo, aunque no me sumaré al ejército de "insultados" que en estos días clama en la "blogosfera" contra el señor Puig.
Imaginemos un ciudadano español, sea cual sea su lugar de residencia, que gana un millón de euros al año gracias a su esfuerzo, su talento y su buena suerte. Imaginemos también -esto ya es mucho imaginar, pero conviene hacer gimnasia mental de cuando en cuando- que este compatriota es un alma grande y todavía no se ha puesto en manos de uno de esos diseñadores de ingenierías financieras capaces de convertirlo a uno en una suerte de ectoplasma indetectable para los vigilantes ojos del fisco. De acuerdo con las leyes que rigen nuestra convivencia, a este bienaventurado le correspondería ingresar en las arcas públicas casi 400.000 euros. ¿Aceptaríamos de buen grado que, una vez cumplido el trámite, nuestro hombre fuera por los bares, los parques públicos, las tertulias radiofónicas y los editoriales de prensa presumiendo de ser muy solidario con el resto de españoles? Creo yo que sus argumentos nos parecerían una pura falacia, le daríamos con la ley en los morros, como se dice vulgarmente, y, como mucho, le aceptaríamos su condición de ciudadano cumplidor de las obligaciones fiscales. Pero de solidaridad nada de nada, porque ésta implica algo más que limitarse a cumplir aquello que viene obligado por las leyes, implica dar, ofrecer o compartir aquello a lo que uno no está obligado.
No conozco un sólo ciudadano o empresa catalán, madrileño, valenciano o balear que ingrese en la hacienda pública un euro más de lo que le corresponde. Es cierto, sin embargo, que en estos territorios se producen los mayores ingresos fiscales debido a la mayor riqueza que han conseguido sus habitantes. A partir de este hecho, y aplicando un razonamiento tan falaz como el que describíamos más arriba, en algunas comunidades ricas -y singularmente en Cataluña- se ha creado una especie de ensoñación colectiva, una visión demasiado autocomplaciente: Cataluña es solidaria, Valencia es solidaria -nos vienen a decir-, y queremos que se nos reconozca. ¿Solidarias por qué, si no ponen sobre la mesa un euro más de lo que les toca en función de su riqueza?
La base principal para construir esa visión tan autocomplaciente ha sido el trasvase de rentas que se produce entre unas personas y otras, entre unas regiones y otras, gracias a la actuación del Estado. Pero ese trasvase se produce como consecuencia de la obligación constitucional de prestar unos servicios públicos similares para todos los ciudadanos y no como consecuencia de que los ciudadanos -o los territorios- ricos sean solidarios. A ese trasvase inevitable ha venido a unirse la obsesión nacionalista por trazar fronteras artificiales que modifican los conceptos de "ellos" y "nosotros". Allá donde la Constitución define el "nosotros" como todos los que vivimos en un territorio llamado España, los constructores de la ensoñación solidaria prefieren que el "nosotros" se refiera sólo a los que viven en un territorio llamado Cataluña. Y a partir de ahí se preguntan: ¿por qué nosotros, los catalanes, tenemos que contribuir a la construcción de un ambulatorio o un polideportivo en Extremadura?¿No sería mejor que el dinero que nosotros pagamos se quedara en nuestra tierra? Preguntas que les llevan a dar un paso más en su visión autocomplaciente: no sólo son solidarios, sino que esa "solidaridad" de la que tanto presumen es "excesiva" y tiene que ser corregida en el nuevo sistema de financiación.
Yo no entiendo mucho los vericuetos técnicos del sistema de financiación autonómica, pero me parece que uno de los pasos imprescindibles para clarificarlo sería acabar con el mito de que hay comunidades solidarias y que hay otras que han mejorado gracias a la solidaridad de las primeras.