RODRÍGUEZ ZAPATERO Y EL SANTO GRIAL (EN FORMA DE CHEQUE) DE LOS NACIONALISTAS CATALANES

Una de las instituciones (o peculiaridades) europeas que más han dado que hablar en los últimos lustros es el Cheque Británico. Como se sabe, el presupuesto de la UE se nutre de las aportaciones que hacen los estados miembros en función de su producto nacional, su recaudación por IVA, etc. Y luego ese presupuesto de reparte en función de unos criterios más o menos objetivos, como son la política agrícola común, los fondos estructurales, la política de cohesión, etc.
A comienzos de los años ochenta del siglo pasado, Margaret Thacher -que ha pasado a la historia como la "Dama de Hierro"- se dio cuenta de que, mediante la aplicación de esos baremos objetivos de ingresos y gastos, el Reino Unido se convertía en uno de los contribuyentes netos al presupuesto de la Unión. Aquello era más de lo que podía soportar su proclamado euroescepticismo. Así que en una de las reuniones trimestrales que suelen celebrar los Jefes de Estado y de Gobierno montó una de las mayores broncas que se recuerdan al grito de "quiero mi dinero". Así nació el Cheque Británico: un dinero que cada año retorna a las Islas desde las arcas comunitarias, no por aplicación de ninguna política o criterio objetivo, sino porque sí, porque esa fue la concesión que Thacher arrancó al resto de sus colegas.
¿Nos encaminamos en España, merced al endiablado asunto de la financiación autonómica, a lo que podríamos llamar el Cheque Catalán? Desde luego, las actitudes que muestran los gobernantes de la Generalitat y los dirigentes de los partidos nacionalistas ( y en este punto hay que incluir también al PSC) se parecen mucho a la bronca que organizó la líder conservadora británica. Se han dado cuenta de que Cataluña es contribuyente neto a esa unión llamada España (ya intenté explicar en la entrada anterior que en este hecho no hay nada de solidario) y quieren acabar con esa situación, quieren su cheque. Y no ocultan cuál sería su objetivo máximo: llegar a un sistema fiscal privilegiado, como el que disfrutan el País Vasco y Navarra. De momento, ese objetivo máximo se nos antoja lejano, porque lo de Euzkadi y Navarra es una excepción y las excepciones dejan de serlo cuando se generalizan y además vaciarían de todo sentido y competencias al Estado central, una de cuyas funciones esenciales es la redistribución de la riqueza que se genera en el país.
El Presidente del Gobierno, gracias al acuerdo de última hora con Iniciativa per Cataluña, consiguió salvarse de la exigida comparecencia en el Congreso para explicar el estado de las negociaciones para la nueva financiación autonómica. En su lugar comparecerá el Vicepresidente Pedro Solbes, quien dispone de todos los datos y todas las cualidades para situar el debate en un "plano más técnico", según dijo con cierto alivio el portavoz parlamentario del PSOE. Solbes se enfrenta a una papeleta muy difícil, porque no es de recibo la pretensión catalana de aumentar porque sí -ellos lo llaman limitar la solidaridad- la cantidad de dinero con la que se queda la Generalitat. El pacto con Iniciativa incluye el compromiso de cerrar el nuevo modelo de financiación en un plazo máximo de tres meses. A ZP -y eso que está a sólo siete diputados de la mayoría absoluta- se le acumulan en las manos las patatas calientes.

BALANZAS FISCALES Y SOLIDARIDAD: ELLOS Y NOSOTROS

La publicación de las llamadas balanzas fiscales y los primeros escarceos en la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica han sido dos de los elementos clave en la actualidad política previa a las vacaciones veraniegas. Ambas cosas -las balanzas y el sistema de financiación- se presentan contaminadas por alguno de esos lugares comunes que todo el mundo tiene por verdades evidentes y que nadie se atreve a cuestionar, quizá por miedo a caer en la incorrección política. He aquí uno de esos mitos indiscutibles en el discurso de nuestros políticos: Cataluña -y con Cataluña todas las comunidades que tienen una balanza fiscal negativa- es solidaria con el resto de España.
Tan convencidos están de la verdad inamovible de este aserto, que para algunos, como el ex-diputado Joan Puig, sería de "mal nacidos" no reconocerlo. Pues bien, yo no lo reconozco, no creo que esa afirmación responda a la realidad e intentaré demostrarlo, aunque no me sumaré al ejército de "insultados" que en estos días clama en la "blogosfera" contra el señor Puig.
Imaginemos un ciudadano español, sea cual sea su lugar de residencia, que gana un millón de euros al año gracias a su esfuerzo, su talento y su buena suerte. Imaginemos también -esto ya es mucho imaginar, pero conviene hacer gimnasia mental de cuando en cuando- que este compatriota es un alma grande y todavía no se ha puesto en manos de uno de esos diseñadores de ingenierías financieras capaces de convertirlo a uno en una suerte de ectoplasma indetectable para los vigilantes ojos del fisco. De acuerdo con las leyes que rigen nuestra convivencia, a este bienaventurado le correspondería ingresar en las arcas públicas casi 400.000 euros. ¿Aceptaríamos de buen grado que, una vez cumplido el trámite, nuestro hombre fuera por los bares, los parques públicos, las tertulias radiofónicas y los editoriales de prensa presumiendo de ser muy solidario con el resto de españoles? Creo yo que sus argumentos nos parecerían una pura falacia, le daríamos con la ley en los morros, como se dice vulgarmente, y, como mucho, le aceptaríamos su condición de ciudadano cumplidor de las obligaciones fiscales. Pero de solidaridad nada de nada, porque ésta implica algo más que limitarse a cumplir aquello que viene obligado por las leyes, implica dar, ofrecer o compartir aquello a lo que uno no está obligado.
No conozco un sólo ciudadano o empresa catalán, madrileño, valenciano o balear que ingrese en la hacienda pública un euro más de lo que le corresponde. Es cierto, sin embargo, que en estos territorios se producen los mayores ingresos fiscales debido a la mayor riqueza que han conseguido sus habitantes. A partir de este hecho, y aplicando un razonamiento tan falaz como el que describíamos más arriba, en algunas comunidades ricas -y singularmente en Cataluña- se ha creado una especie de ensoñación colectiva, una visión demasiado autocomplaciente: Cataluña es solidaria, Valencia es solidaria -nos vienen a decir-, y queremos que se nos reconozca. ¿Solidarias por qué, si no ponen sobre la mesa un euro más de lo que les toca en función de su riqueza?
La base principal para construir esa visión tan autocomplaciente ha sido el trasvase de rentas que se produce entre unas personas y otras, entre unas regiones y otras, gracias a la actuación del Estado. Pero ese trasvase se produce como consecuencia de la obligación constitucional de prestar unos servicios públicos similares para todos los ciudadanos y no como consecuencia de que los ciudadanos -o los territorios- ricos sean solidarios. A ese trasvase inevitable ha venido a unirse la obsesión nacionalista por trazar fronteras artificiales que modifican los conceptos de "ellos" y "nosotros". Allá donde la Constitución define el "nosotros" como todos los que vivimos en un territorio llamado España, los constructores de la ensoñación solidaria prefieren que el "nosotros" se refiera sólo a los que viven en un territorio llamado Cataluña. Y a partir de ahí se preguntan: ¿por qué nosotros, los catalanes, tenemos que contribuir a la construcción de un ambulatorio o un polideportivo en Extremadura?¿No sería mejor que el dinero que nosotros pagamos se quedara en nuestra tierra? Preguntas que les llevan a dar un paso más en su visión autocomplaciente: no sólo son solidarios, sino que esa "solidaridad" de la que tanto presumen es "excesiva" y tiene que ser corregida en el nuevo sistema de financiación.
Yo no entiendo mucho los vericuetos técnicos del sistema de financiación autonómica, pero me parece que uno de los pasos imprescindibles para clarificarlo sería acabar con el mito de que hay comunidades solidarias y que hay otras que han mejorado gracias a la solidaridad de las primeras.

LA JUBILACIÓN DE FERNANDO ARGENTA Y LA DESAPARICIÓN DE CLÁSICOS POPULARES

Hoy es uno de esos días en que las dudas me asaltan cuando me siento al teclado. Me pregunto si vale la pena y si no me estaré metiendo en camisa de once varas. El caso es que hoy, 31 de Julio de 2008, es el último día de Clásicos Populares en Radio Nacional de España. Es una de las despedidas más tristes en estos meses un poco necrológicos que llevamos desde que se puso en marcha el Expediente de Regulación de Empleo. Supongo que no soy nada original si digo que este programa, un auténtico buque insignia de la radio pública, nos ha enseñado a muchos a amar la música clásica y a divertirnos con ella. Su desaparición deja un vacío que será muy difícil de llenar, aunque antes o después tenía que suceder puesto que nada es eterno, y más cuando está ligado al destino personal de alguien que, sin ánimo de ofender, sino todo lo contrario, podemos considerar una "estrella".
En días pasados, Fernando Argenta, la estrella radiofónica y televisiva que ha dirigido y presentado Clásicos Populares durante los últimos años, ofreció en el transcurso del programa una larga, pero confusa, explicación de por qué desaparece. Lo que parecía deducirse de sus palabras es que los culpables de todo eran los directivos de RTVE: él no quería prejubilarse, intentó negociar con los citados directivos, pero éstos no le ofrecieron más alternativa que la aplicación a rajatabla del ERE. Lo que quedó, y sigue estando, en la más absoluta nebulosa es por qué la jubilación de una persona tiene que llevar acarreada la desaparición de un programa que se supone que está hecho por todo un equipo de trabajadores, aunque luego sea la "estrella", quien se pone ante el micrófono o ante la cámara. ¿Alguien se imagina que los trenes dejaran de funcionar porque se ha jubilado el más querido factor de RENFE? ¿O que se cerraran al tráfico las autopistas cuando pasa al retiro el ingeniero que las diseñó?
Ni nuestro muy querido Fernando Argenta ni la dirección de RTVE han dado un explicación y creo que los oyentes merecen tener esa explicación. Por el interior de la casa, que Argenta dice no reconocer ya como suya, corre el rumor de que, a su debido tiempo, fue tan avispado como para registrar Clásicos Populares a su nombre. Y esta sería la razón de que el programa que lo sustituya pueda tener un contenido similar, centrado en la divulgación de la música clásica, pero no el mismo rótulo. También podría suceder que el rumor fuera falso y que, en homenaje a la "estrella", la dirección de RTVE haya decidido retirar el rótulo, como algunos clubes de baloncesto y de otros deportes retiran de su indumentaria ciertos números en honor de las "estrellas" que los lucieron. Insisto, los oyentes merecen una explicación y esa explicación, parafraseando al alcalde de Bienvenido míster Marshall, la deben dar Fernando Argenta y los directivos de RTVE. Y por lo demás, salud a todos, al compañero que se prejubila, a los que tengan el honor de sustituirle y a la radio pública, cuya sintonía pone banda sonora a nuestras vidas. La foto que acompaña a estas líneas es una reproducción de la contraportada que hoy dedica el diario El País a Fernando Argenta.

EL GOBIERNO NOMBRARÁ UN EMBAJADOR ESPECIAL PARA NEGOCIAR EL VOTO DE LOS INMIGRANTES

La Vicepresidente primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha anunciado hoy en la Comisión Constitucional del Congreso que el Ejecutivo nombrará un embajador especial para negociar con otros estados el voto de los inmigrantes en las elecciones locales españolas. Fernández de la Vega ha añadido que la tarea de este embajador especial comenzará por aquellos países que tienen más ciudadanos residiendo en España. En la actualidad esos países son ( descartada Rumanía, por su pertenencia a la UE) Marruecos, Ecuador, Colombia, Bolivia y Bulgaria. La misión consistirá en desbrozar el camino para negociar con estos países convenios de reciprocidad, tal como exige el artículo 13 de la Constitución. Ya hay tratados firmados con Noruega, Argentina, Chile, Venezuela y Uruguay, pero sólo se está aplicando el que afectada a los ciudadanos nórdicos.
De la Vega hacía este anuncio durante su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso para hablar de la posición del Gobierno a propósito de las posibles reformas que podrían introducirse en el sistema electoral. Estas propuestas de reforma, a día de hoy, están pendientes del informe que el Gobierno solicitó al Consejo de Estado y de que se constituya la subcomisión parlamentaria que debe estudiarlas. La Vicepresidenta del Gobierno ha dicho que el marco electoral actual merece una valoración muy positiva porque, entre otras cosas, ha facilitado la representación plural de los ciudadanos y la estabilidad política durante más de treinta años de democracia. Pero se ha mostrado dispuesta a mejorarlo sobre la base del consenso de todas las fuerzas políticas, ya que la Ley Electoral forma parte de lo que se ha llamado el bloque constitucional.

LA REFORMA MÁS URGENTE: EL VOTO EN URNA DE LOS RESIDENTES AUSENTES

El asunto más polémico de esta comparecencia ha sido la necesidad de reformar la Ley Electoral para que los españoles en el exterior ( más de 1,2 millones de personas) puedan ejercer su derecho al voto en urna, aunque sin eliminar el derecho a votar por correo. Un dato facilitado por el diputado del Bloque Nacionalista Gallego, Francisco Jorquera, basta para explicar las sospechas de falta de limpieza que recaen sobre el sistema actual para el voto de los residentes ausentes: en el año 2004, el 65 por ciento de los españoles en el extranjero votaron al PP, porcentaje que fue para el PSOE en las Elecciones de 2.008. Este es un problema especialmente sensible en Galicia, que cuenta con 300.000 residentes ausentes ( el 12 por ciento de su censo electoral) y que podrían elevarse hasta medio millón, cuando se reconozca la nacionalidad española a los nietos de emigrantes procedentes de nuestro país.
La regulación del voto en urna viene obligada por el Estatuto de los Españoles en el Exterior, que se aprobó en diciembre de 2.006. Los portavoces del PP y del BNG han reprochado a la Vicepresidenta que el Gobierno haya dejado transcurrir 20 meses desde la aprobación del citado Estatuto y la han emplazado para que al comienzo del próximo período de sesiones el Consejo de Ministros apruebe y remita al Congreso un proyecto para equiparar el sistema de voto de los residentes ausentes al que empleamos los ciudadanos residentes en el territorio nacional. De la Vega ha respondido a este emplazamiento de populares y nacionalistas gallegos colocando la pelota en el tejado de la subcomisión que tiene que constituirse: el Gobierno está a favor de la reforma, pero el texto concreto tienen que proponerlo por consenso los grupos políticos, que podrían inspirarse para ello en la proposición aprobada recientemente por unanimidad en el Parlamento de Galicia.
Al término de la comparecencia, el Presidente de la Comisión Constitucional, Alfonso Guerra, ha deseado a todos, con su sorna habitual, que tengan un buen verano y que las vacaciones sirvan para aclarar y reposar las ideas. Algunos miembros de la comisión han decidido acelerar el comienzo de esas vacaciones y el resultado ha sido que en el debate, además de la Vicepresidenta De la Vega, sólo han intervenido los portavoces del Partido Popular, el BNG y el Partido Socialista. Los demás estaban ya, probablemente, madurando las ideas lejos de la Carrera de San Jerónimo.

SOLBES SE ENFRENTA A TODA LA OPOSICIÓN EN EL CONGRESO

El Vicepresidente económico del Gobierno,Pedro Solbes, no ha logrado convencer a ninguno de los grupos parlamentarios durante su comparecencia en el Congreso para dar cuenta de la situación económica y las iniciativas adoptadas por el Gobierno. Esta falta de sintonía entre Solbes y la oposición viene a confirmar las grandes dificultades que encontrará el Gobierno para aprobar el próximo otoño los Presupuestos de 2009.
El Vicepresidente Segundo no se ha salido del guión empleado en otras ocasiones ( por ejemplo, cuando el Presidente compareció ante el Pleno de la Cámara Baja ) para situar las causas principales de la crisis en el contexto internacional, cuyo deterioro, según ha dicho, "está superando todas las previsiones". Pese a todo, ha concluído su análisis declarándose optimista respecto a la recuperación futura, aunque reconociendo la gravedad de la coyuntura actual. Solbes ha pronosticado ante los diputados de la Comisión de Economía que esa fase de recuperación comenzará a lo largo de 2.010 gracias a los buenos fundamentos de nuestros sistemas productivo y financiero y a la saneada situación de las finanzas públicas.
El portavoz del Partido Popular, Cristóbal Montoro, ha dicho que "el Gobierno no es capaz de ejercer el liderazgo político para salir de la crisis". A su juicio, el Ejecutivo, además de esa falta de liderazgo, es culpable de haber agravado la vulnerabilidad de la economía española frente a la crisis financiera internacional y la subida del petróleo, por no haber tomado a tiempo medidas para frenar el déficit exterior o las tensiones inflacionistas. El Vicepresidente Económico ha rechazado esta acusación de Montoro con el argumento de que nuestra diferencia de inflación con respecto a la media europea es la misma de años anteriores y otros países, como los Estados Unidos y Gran Bretaña, también sufren las tasas de inflación más altas de los últimos años. Solbes ha insistido en que "no se debe emplear el dinero de los contribuyentes para ayudar a las empresas en dificultades, porque eso desincentivaría la necesaria adaptación a la realidad y además sería discriminatorio". En su opinión, los accionistas que se llevaron los beneficios deben cargar ahora con las pérdidas ocasionadas por decisiones equivocadas. Y para el proyecto de Presupuestos 2.009, el Vicepresidente Económico ha reiterado que se cumplirán los compromisos en materia de gasto social y se situarán las prioridades en la inversión en infraestructuras y el gasto en investigación y desarrollo.
Los portavoces del PP y de CIU han sugerido la conveniencia de nuevas rebajas en el Impuesto de Sociedades y el de la Renta, rebajas que Solbes rechaza en estos momentos porque "los márgenes que tenemos entre ingresos y gastos son muy ajustados". Otros portavoces han ligado, de manera más o menos explícita, su apoyo a los Presuestos al acuerdo previo sobre financiación autonómica. Solbes ha reconocido la "extraordinaria complejidad" de esta negociación, no sólo por lo que dice el Estatuto de Cataluña, sino por lo que dicen los demás estatutos y porque "no podemos olvidar la obligación constitucional de financiar las competencias transferidas".

CORBACHO ABOGA EN EL CONGRESO POR UN PACTO DE ESTADO SOBRE INMIGRACIÓN

El Ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha propuesto hoy en el Congreso la negociación de un pacto de Estado con todas las fuerzas políticas para definir la política española sobre inmigración. Según Corbacho, este acuerdo es necesario para conseguir "las deseadas cotas de legalidad y control, de integración social, de cohesión y de convivencia". Durante su comparecencia en el Congreso, el titular de Trabajo ha defendido la actitud del Gobierno socialista en relación con la polémica directiva europea de retorno. "Lo importante de esta directiva -ha señalado- es que constituye un paso más hacia una política común de inmigración en toda la Unión Europea". Ha destacado, asimismo, que la directiva tenía que adoptarse por consenso y de ahí que establezca unos mínimos comunes que, en todo caso, respetan las legislaciones nacionales más avanzadas o más garantistas. La razón de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero no se haya opuesto al largísimo período de retención de extranjeros que establece la directiva es que "en España no se aplica", porque es de cuarenta días, aunque se está estudiando la ampliación.
Corbacho ha insistido en que todos los inmigrantes que quieran venir a España, habrán de hacerlo inexcusablemente ligados a un contrato de trabajo y garantizando que su llegada responde a las necesidades de nuestro propio mercado laboral. Y además ha propuesto "una reflexión" para definir de manera más estricta el derecho a la reagrupación familiar, porque "nadie discute el derecho de los inmigrantes a esa reagrupación, pero debemos delimitar qué familia y en qué condiciones".
En respuesta a Gaspar Llamazares, que le había acusado de endurecer el discurso del Gobierno y llevar a cabo una involución, Corbacho ha subrayado que se opone a toda política de regularización masiva, aunque fuera verdad que hoy vivan en España medio millón de personas "no expulsables".
El portavoz del PP, Rafael Hernando, ha explicado que entre 2003 y 2008 los permisos de residencia han crecido desde 1,7 a 4,2 millones. "Ningún país -concluía Hernando- puede integrar a tantas personas en tan poco tiempo, y esta situación de ahora se debe a la política de papeles para todos que ustedes aplicaron durante la legislatura anterior". Desde esta posición crítica, Hernando se ha mostrado favorable al diálogo sobre política migratoria en general y sobre la reagrupación familiar y la ampliación del período de retención en particular. El portavoz popular se ha felicitado porque "España, con su implicación en la directiva de retorno, ha dejado de adoptar, unilateralmente, iniciativas contrarias a los criterios mayoritarios dentro de la Unión Europea".
Al comienzo de su intervención, Celestino Corbacho, ha señalado que la "inmigración y la incorporación de la mujer al mercado laboral constituyen los aspectos esenciales del gran cambio que ha experimentado la sociedad española en los últimos quince años. Según los datos que ha facilitado, en 1.999 había 335.000 extranjeros afiliados a la Seguridad Social; a mediados de 2.008 son más de dos millones.
Mientras seguía el debate en la Sala Internacional del Congreso, estaba yo acordándome de cómo en esta Europa que endurece su política contra la inmigración se acogía con los brazos abiertos a los europeos del Este que lograban escapar del Telón de Acero. A nadie, entonces, se le ocurría exigir que la llegada de extranjeros sólo era admisible si venían con su contrato de trabajo en la mano y demostraban que su llegada era compatible con las necesidades de nuestro mercado laboral. Simplemente se les reconocía su derecho a luchar por una vida mejor. Era fácil, entonces, colgarse las medallas de la solidaridad frente a las miserias de las dictaduras comunistas. Ser solidarios frente al hambre y la pobreza parece que no resulta tan fácil. No estamos dispuestos a compartir nuestra riqueza con los que hoy luchan por una vida mejor. A veces pienso que este fenómeno de la inmigración es un ejemplo de libro de aquella lucha de clases que Marx definía como el motor de la historia. Un ejemplo de libro a escala planetaria.

ESTALLIDO DE LA "BURBUJA" INMOBILIARIA: UNA APROXIMACIÓN A LAS CAUSAS

Terminábamos la "entrada" anterior proponiendo un esfuerzo de análisis sobre las causas que llevaron a la fortísima escalada de precios inmobiliarios vivida en España durante los últimos años. Aun cuando no sepamos muy bien qué puede hacerse ahora para huir de la quema, un examen autocrítico debería servir -y en esto quizá caigamos en un exceso de optimismo- para que el fenómeno no se repita en el futuro.
Primera causa: los españoles hicieron del ladrillo su instrumento favorito para el ahorro y la inversión. Tenemos una tendencia muy acusada a echar balones fuera, a que las culpas sean siempre de otros, como los bancos, los especuladores, los gobiernos, los ayuntamientos, los tipos de interés, etc. Pero, a mi juicio, la culpa principal es del conjunto de los ciudadanos, que llegaron a la conclusión de que no había otra forma mejor de rentabilizar unos ahorros que la vivienda. Esto tenemos que asumirlo: cada uno de nosotros nos hemos convertido en pequeños especuladores convencidos de que lo que hoy valía X dentro de unos meses o años valdría X más un elevadísimo porcentaje de X.
La propia evolución de los precios, con incrementos anuales que multiplicaban por cuanto o cinco veces la subida del IPC, nos reafirmó a todos en que la decisión de invertir en ladrillos era la acertada.
Segunda causa: las Administraciones Públicas desertaron de sus obligaciones constitucionales. Es legítimo invertir en viviendas, como lo es invertir en deuda pública, sellos, obras de arte o valores bursátiles. Pero la vivienda es al mismo tiempo un bien social que cubre una de las necesidades básicas de la población, y el deber de las Adminsitraciones Públicas es garantizar el acceso a este bien de primera necesidad -ya sea en propiedad o en alquiler- en unas condiciones razonables. Se calcula en unas 350.000 el número de viviendas que se necesitan cada año para atender las necesidades de las nuevas familias que se forman en la sociedad española. Si esta demanda social hubiera sido atendida mediante la promoción de pisos de precio tasado, está claro que la demanda total habría sido muy inferior y el incremento general de precios sólo habría sufrido la presión de los que buscaban viviendas para invertir y no para cubrir una necesidad social.
Otro aspecto en el que las Adminsitraciones Públicas dejaron de cumplir sus obligaciones fue el necesario control para que las viviendas que se han adquirido a precio tasado no se vendan luego a precio de mercado libre. Esta "reventa" de las viviendas de protección oficial a los precios del mercado ha sido una práctica sistemática frente a la que Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Gobierno no han hecho absolutamente nada.
Tercera causa: las ayudas fiscales. Estas ayudas han sido muy discriminatorias, porque se han concedido principalmente a la compra y no al alquiler. Además, estas desgravaciones fiscales se concedían no sólo para la compra de la primera vivienda, sino también para los sucesivos cambios, siempre y cuando la anterior se vendiera como parte del pago de la siguiente. Y durante muchos años, cuando el límite de la inversión desgravable era el 30 por ciento de la base imponible del IRPF, las ayudas eran tanto más importantes cuando más rico fuera el sujeto pasivo. Sin exageración, puede decirse que el Estado ayudó en muchos casos a la adquisición de viviendas de lujo. Y durante un largo período -años ochenta- las desgravaciones no fueron sólo para la vivienda habitual, sino también para las inversiones en segundas residencias.
Cuarta causa: la bajada de los tipos de interés y el alargamiento de las hipotecas. Con la llegada del Euro, los tipos de referencia para las hipotecas llegaron a caer hasta casi el 2 por ciento y los plazos para devolver el capital prestado, que hace unas décadas solían ser de 12 ó 15 años, se alargaron hasta los 30 ó 40 años. Estos dos factores combinados rebajaron sustancialmente la cuantía de la "letra" mensual que tenía que pagar el comprador. Y esta rebaja reforzó el convencimiento general de que la propiedad era muy preferible al alquiler: uno podía pasarse toda la vida pagando hipoteca, pero al menos tenía la seguridad de que la casa acabaría siendo suya.
Todas estas causas, más alguna otra, como pudieran ser la llegada de inversores extranjeros a las costas y el blanqueo de capitales procedentes de negocios ilícitos, configuraron un panorama en el que predominaba una demanda desaforada que hizo crecer los precios a un ritmo verdaderamente insostenible. Algunos pueden pensar que el ciclo alcista habría continuado en España de no haber sido por la crisis financiera que tuvo su origen en Estados Unidos, pero está claro que, antes o después, tenía que agotarse el flujo de nuevos compradores. En el fondo, el "calentón" inmobiliario se parece muchísimo a esos episodios especulativos que de cuando en cuando ocurren en las bolsas: recuérdese lo que pasó con la "burbuja" de las empresas de Internet. Lo que ocurre es que los mercados bursátiles son mucho más líquidos y volátiles que el mercado de la vivienda y los ajustes de precios se producen más rápidamente. El ajuste inmobiliario no podemos saber cuánto durará, pero lo deseable es que, una vez superado, la evolución de los precios se acompase, más o menos, a las alzas del IPC y de los salarios. Si eso llega a suceder, nos evitaremos disgustos como el actual y no por ello dejará de ser interesante invertir unos ahorros en vivienda, como lo es invertirlos en deuda pública o fondos de inversión.