¿DEBERÍAMOS CAMBIAR NUESTRO SISTEMA ELECTORAL ? ( Y II )

Concluíamos nuestra anterior "entrada" señalando un conjunto de objetivos que debería perseguir un hipotético cambio de la Ley Electoral. Entre ellos, el de un reparto más equitativo de los escaños en el Congreso. Para darse cuenta de hasta qué punto una determinada fuerza política está siendo perjudicada con el sistema actual, basta con echar un vistazo a los resultados en las Generales de 2004 ( entre paréntesis el número de escaños conseguidos ):
PSOE.....10.909.687 ( 164 )
pp......... 9.630.512 ( 148 )
IU.......... 1.269.532 ( 5 )
CIU....... 829.046 ( 10 )
ERC....... 649.999 ( 8 )
PNV........ 417.154 ( 7 )
C C ......... 221.034 ( 3 )
BNG ....... 205.613 ( 2 )
Como puede verse, IU fue la tercera fuerza en número de apoyos populares, pero quedó relegada al sexto lugar en número de diputados. Pero el problema no es sólo que este injusto reparto contribuya a poner en peligro la propia supervivencia de la coalición de izquierdas. El problema es que "impide" el nacimiento de otras fuerzas de ámbito nacional, sea cual sea su orientación ideológica. Nadie dispone de una varita mágica para saber qué pasará el día 9 de Marzo, pero el destino de la UPD de Rosa Díez y Fernando Sabater podría ser muy ilustrativo a este respecto: lo más probable es que no consiga ni un sólo diputado, aunque cuente con más de medio millón de votos, mientras que el PNV, por ejemplo, con poco más de 400.000 seguiría con sus 7 diputados actuales.
¿Qué hacer? Lo más democrático, sin duda, sería suprimir la circunscripción provincial y establecer la circunscripción única o bien, como solución intermedia, el distrito autonómico. Pasar de 52 a 17 circunscripciones ( más Ceuta y Melilla ) sería un avance extraordinario, pero ambas soluciones -el distrito electoral único y el autonómico- presentan el mismo inconveniente: hay que reformar la Constitución. Y ya hemos visto en la octava Legislatura que mucha voluntad de hacerlo no hay, amén del procedimiento tan complejo que se exige para la reforma.
Desde diferentes ámbitos políticos y académicos se ha propuesto un cambio muy sencillo, que sería bastante fácil de aplicar y que tendría efectos muy beneficiosos. Se trataría simplemente de elevar el número de diputados desde los 350 actuales hasta el máximo de 400 que permite la Carta Magna. Paralelamente, se crearía una nueva circunscripción estatal a la que le corresponderían esos 50 escaños adicionales, escaños que se asignarían a las distintas fuerzas políticas tomando en cuenta sólo aquellos "restos" que no hubieran podido convertir en escaños en las circunscripciones provinciales. Tomando como base los resultados de Marzo de 2.004, la composición del Congreso habría sido la siguiente ( entre paréntesis los diputados reales que obtuvo cada partido ):
PSOE........ 183 ( 164 )
PP............ 166 ( 148)
IU............ 14 ( 5 )
CIU......... 11 ( 10 )
ERC......... 9 ( 8 )
PNV......... 8 ( 7 )
CC............ 3 ( 3 )
BNG ....... 3 ( 2 )
Como puede apreciarse, este cambio, por sí sólo, representaría un gran paso hacia la igualdad de trato para todos. Cada fuerza política ocuparía, en número de escaños, el mismo lugar que ocupa en número de votos. Entre los defensores de esta nueva circunscripción estatal se encuentra uno de los Padres de la Constitución y ex-Presidente del Congreso: el profesor de Derecho Constitucional Gregorio Peces-Barba, quien también ha señalado en repetidas ocasiones la preocupación, cada vez más extendida, por el excesivo "peso" de los nacionalistas en la conducción de la política española. Este efecto de mayor equidad en el reparto de escaños se vería reforzado con otro cambio posible, que proponemos aquí a fin de paliar lo que en la anterior "entrada" calificábamos como el predominio de las hectáreas sobre las personas. Se trataría de reducir de 2 a 1 el número de escaños mínimo por provincia. Estos 52 escaños "liberados" pasarían a engrosar la "bolsa" de la circunscripción estatal, de modo que nos encontraríamos con el siguiente reparto: una cuarta parte del total (102 ) se asignarían mediante la suma estatal de "restos"; otros 54 corresponderían al mínimo por provincia; y los restantes 244 se repartirían de acuerdo con la población de cada provincia.
Con estos cambios sería más difícil que cualquiera de los dos grandes partidos estatales obtuviera la mayoría absoluta, pero se traspasaría el protagonismo de las alianzas parlamentarias hacia otras formaciones minoritarias, de ámbito estatal. Ese mayor protagonismo sería compatible con el objetivo de mantener la estabilidad de fondo que facilita el sistema actual. Después de esto, nos quedaría por ver si es posible alguna modificación que coloque a los nacionalistas en la dimensión que les corresponde, de acuerdo con el voto popular ( no se olvide que todos ellos sumados no llegan ni al 10 por ciento del total de votos emitidos en las últimas Generales). La única modificación posible, y la más drástica, es la que ha propuesto alguna vez el ex-Presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra: establecer un determinado porcentaje sobre el total de votos a escala estatal para tener derecho a acceder al Parlamento. En Alemania, por ejemplo, esa barrera es de nada menos que el 5 por ciento, lo cual se antoja un tanto excesivo. Pero en España, con establecer el listón en el 3 por ciento todos los nacionalistas quedarían fuera, menos CIU, que se "salvaría" por los pelos.
El problema es que una medida como esta sería causa de fuertes tensiones con las fuerzas nacionalistas, que podrían amenazar con "echarse al monte". Quizá en el 77 se perdió la ocasión histórica de hacerlo y ahora sería peor el remedio que la enfermedad. Pero tampoco debería descartarse por completo. Hace unos días, el líder de Convergencia y Unión, Artur Más, decía sin rodeos que "si después del 9-M tenemos la sartén por el mango, vamos a ser mucho más exigentes". Estas descarnadas palabras ponen de relieve lo que tantos hemos temido siempre ( desde la izquierda y desde la derecha ): que los nacionalistas nunca se dan por satisfechos, que cada nueva concesión que arrancan es para ellos sólo una plataforma desde la que planificar nuevas exigencias. Si un señor que tiene detrás al 3 por ciento de los españoles se permite hablar en esos términos, no veo razón democrática alguna para que las fuerzas políticas que tienen detrás a más del 90 por ciento de la ciudadanía no adopten las medidas oportunas -también descarnadamente, ¿por qué no?- para que el disputado mango nunca esté en sus manos.