LA ENSEÑANZA Y LOS COLEGIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

La anterior "entrada", en la que comentábamos la protesta impulsada por el Foro del Henares contra la cesión de suelo público para un colegio que impone clases separadas para niños y niñas, ha suscitado reacciones encontradas entre los lectores de ZD. Alguno acusa directamente al autor de esta bitácora de "no ser demócrata", al tiempo que defiende "el derecho de los padres a que se ceda suelo público para que haya centros acordes con sus creencias". Otro se pregunta "con qué derecho se inmiscuye usted en la educación de los hijos de los demás". También los ha habido que se mostraban de acuerdo con el contenido del manifiesto difundido por el Foro (supongo que para firmarlo habrá que ponerse en contacto con los responsables del mismo).
No creo que sea un secreto ni una novedad para nadie que la enseñanza es uno de los terrenos donde con más intensidad se manifiesta la lucha política e ideológica entre los distintos sectores de la sociedad. Ahí está el ejemplo de Educación para la ciudadanía como demostración fehaciente. En el marco de ese debate ideológico, creo que vale la pena señalar algunas cosas.
En primer lugar, debemos recordar la obligación del Estado de proporcionar enseñanza gratuita (que en realidad no es gratis, puesto que la pagamos entre todos) y de calidad a todos los niños en edad escolar. Puede ocurrir que el Estado, por dificultades financieras, por falta de capacidad para atender todas las necesidades o por el deseo de no provocar más conflictos de los estrictamente imprescindibles, decida recurrir al régimen de conciertos. Ahora bien, es obvio que los centros que quieran firmar conciertos con el Estado, tendrán que organizarse de acuerdo a los mismos principios pedagógicos que la enseñanza pública. Si una determinada entidad va a defender en sus aulas un ideario inconstitucional difícilmente puede pretender la firma de un concierto; y hasta es posible, según que ideas defienda (caso de las mezquitas, que citaba otro lector), que pudiera colisionar con el Código Penal. Aun sin llegar a casos tan extremos, si un colegio aplica principios pedagógicos que se consideran obsoletos o dudosamente constitucionales (caso de niños y niñas en aulas separadas) tampoco puede aspirar razonablemente a que se le conceda terreno de propiedad pública donde instalarse.
Otra cosa completamente distinta (aunque prohibitiva para la inmensa mayoría) es la enseñanza privada. Cualquier entidad que quiera hacerlo, tiene el derecho a crear su propio centro y a organizarlo de acuerdo con los principios pedagógicos y creencias ideológicas que estime más convenientes. Y cualquier padre tiene el derecho, si lo desea y puede permitírselo, de llevar a sus hijos a estos centros. El Estado ni puede ni debe prohibir que haya todos los centros privados que la sociedad sea capaz de sostener, pero sus esfuerzos deben centrarse muy prioritariamente en la extensión y mejora de la red de centros públicos (caso, por ejemplo, del bilingüismo que a trancas y barrancas va implantándose en los colegios de la Comunidad de Madrid). ¿Por qué? Pues porque la enseñanza es un pilar básico de la igualdad de oportunidades y sin igualdad de oportunidades ni hay democracia ni hay progreso social. Dicho sea todo lo anterior sin ánimo de inmiscuirnos en la educación de los hijos de nadie.