EL ESTADO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS Y LOS IMPUESTOS

En este primer viernes de Septiembre, primer viernes del otoño político, el Presidente del gobierno se ha reunido de nuevo con los interlocutores sociales para tratar de recuperar el clima de diálogo que se rompió tan abruptamente antes de las vacaciones veraniegas.
Los líderes de la patronal y de los sindicatos han escuchado las explicaciones de Rodríguez Zapatero sobre su proyecto de ley de economía sostenible, un proyecto que se tramitará en paralelo con los Presupuestos 2010 y en el que el Presidente tiene depositadas grandes esperanzas para transitar desde lo que hemos dado en llamar economía del ladrillo a la del conocimiento, la innovación y la productividad.
El encuentro en La Moncloa se celebraba tan sólo dos días después de que el Ejecutivo aceptara en el Congreso un pacto con los grupos de izquierda para retrotraer al 1 de Enero de este año los efectos del subsidio que se concederá a los parados que agoten sus prestaciones contributivas. La fecha del 1 de Enero es tan arbitraria como otra cualquiera, pero resulta más coherente con nuestros usos y costumbres. Su único defecto es que añade más leña a ese incendio en que se han convertido las cuentas públicas.
La crisis, con la furia incontenible de un torrente, se ha llevado por delante el cómodo superávit de ejercicios anteriores. Al gobierno de ZP no le ha quedado más remedio que anunciar una "moderada subida de impuestos", medicina amarga que irá acompañada de otros brebajes cuyo sabor no será fácil de soportar, como la congelación del sueldo de los empleados públicos. Puede que alguno se esté arrepintiendo ahora de la prisa que se dieron en implantar medidas demagógicas e injustas, como la supresión de los impuestos de Sucesiones y de Patrimonio. Aquello fue un agravio contra los sectores menos pudientes de la población y esto que se anuncia ahora (con más hincapié en los impuestos indirectos que en los directos) acabará siendo otro agravio. Creo que fue Antonio Machado quien dejó dicho que "el pueblo nunca invoca la palabra patria, pero, llegado el momento, la compra con su sangre". O con sus impuestos, podríamos añadir ahora.
Con esto de los impuestos, si se me permite la comparación, pasa como con la indisolubilidad del matrimonio católico. La Iglesia siempre ha defendido con uñas y dientes esa indisolubilidad, pero no dejó de conceder disoluciones a quienes tuvieran el dinero suficiente para pagarlas. Ahora se supone, de acuerdo con la Constitución, que todos debemos contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con nuestra capacidad económica, pero quienes disponen del dinero necesario para constituir una SICAV -sociedades de inversión colectiva- sólo pagan el 1 por ciento de los rendimientos que obtienen. De modo que la anunciada subida -limitada y temporal, eso sí - de la imposición sobre las rentas del capital recaerá principalmente en quienes tienen sus modestos ahorros colocados en deuda pública o depósitos a plazo, es decir, los sectores menos pudientes y las clases medias. Podían habérselo pensado antes de suprimir tan alegremente las figuras tributarias que tan antipáticas resultaban a los ojos de los más ricos y poderosos.
Siempre cuento a quien quiere escucharme el mismo caso, por su carácter paradigmático y memorable: cuando murió don Emilio Botín López, padre del actual presidente del banco Santander, las comunidades autónomas de Madrid y Cantabria pleitearon largamente por los casi 10.000 millones de pesetas que la familia Botín debía pagar en concepto de Impuesto de Sucesiones. Por desgracia, no todos los que abandonan este mundo consiguen dejar una herencia tan envidiable, pero aún así resulta incomprensible que los socialistas se haya dejado arrastrar por los populares a suprimir, de manera muy poco meditada, el citado impuesto. Y los populares no deberían sacar tanto pecho al proclamar sus promesas de "votar contra toda subida de impuestos", porque en buena parte podríamos decir que aquellos polvos trajeron estos lodos. Ellos también son responsables de los problemas de financiación que arrastran las Comunidades Autónomas, problemas que son otra de las patas en que se apoya el desbocado déficit público.