La noticia de que
la Tesorería de la Seguridad Social solicitará al Tesoro público un préstamo de
15000 millones para abonar las pensiones en 2018 ha sido acogida en muchos
medios de comunicación con una mezcla de alarma y desconcierto. Se han
comportado como esos equipos de fútbol que, al encajar un gol tempranero e
inesperado, pierden un poco los papeles y no consiguen asentarse como Dios
manda sobre el terreno de juego.
Lo primero que hay
que decir es que el Instituto Nacional de la Seguridad Social, es un organismo
autónomo que se encarga, entre otras cosas, de pagar las nóminas de los
jubilados. Y por cierto, cumple su función con una celeridad y eficiencia
comparables a las de la Agencia Tributaria, que como todo el mundo sabe es otro
organismo autónomo encargado de la recaudación de impuestos. Desde este punto
de vista, el INSS es tan Estado ( o tan Administración Central, si se prefiere)
como el Ministerio del Interior y sus 140000 guardias civiles y policías
nacionales. El déficit que pueda tener el INSS es parte inseparable del déficit
que pueda tener la Administración Central. Otra cosa es que, desde un punto de
vista contable o desagregado, se diga que “la Seguridad Social solicitará un
préstamo al Estado para pagar las pensiones”. Es como si dijéramos que el
Ministerio del Interior solicitará un préstamo al Estado para pagar las nóminas
de policías y guardias civiles.
Lo segundo que
debería esclarecerse de una vez por todas es que el pago de las pensiones
públicas difícilmente podrá cubrirse en su totalidad con los recursos que
proporcionan las cotizaciones sociales de las empresas y los trabajadores que
están en activo. Básicamente por tres razones: la evolución demográfica, que ha
elevado a casi diez millones el número de prestaciones que hay que pagar cada
mes; el incremento de la pensión media que abona el sistema ( alrededor de 900
euros en 2017, contando contributivas y no contributivas) y el estancamiento o
retroceso de los salarios. Ni siquiera con los 20 millones de afiliados a la
Seguridad Social, que tanto predica el Gobierno como horizonte cercano y
posible, será suficiente para abonar las pensiones sin déficit.
Un tercer aspecto que vale la pena subrayar es que España,
pese a todos los aparentes problemas, no tiene un gasto en pensiones excesivo,
si lo comparamos con el resto de los países europeos. En 2017, este gasto habrá
estado en torno al 12% del PIB, unos 140000 millones de euros, si sumamos las
pensiones que paga la Seguridad Social más las de las llamadas “clases
pasivas”, que abona directamente la Administración Central. Es un nivel de
gasto que podemos permitirnos sin problema, e incluso incrementarlo
ligeramente, siendo conscientes, eso sí, de que lo que se gasta en una cosa no
se puede gastar en otra; y que el gasto público global tiene unos límites que
no se deben sobrepasar si se desea mantener el dinamismo económico.
Pero precisamente este concepto del gasto público global
constituye un cuarto elemento que valdría la pena considerar. Porque España
está a día de hoy, tanto en presión fiscal como en gasto publico, unos 7 u 8
puntos por debajo de la media europea. Deberíamos mejorar o incrementar nuestro
nivel de ingresos fiscales para así poder atender mejor las prestaciones
sociales.
En quinto lugar, antes de hacer sonar las alarmas como si un
incendio voraz nos rodease, hay que dar tiempo al tiempo y ver qué efectos tiene sobre el gasto en
pensiones, la reforma que viene implantándose desde 2013 y que acabará en 2027.
Quizás el mayor defecto de esta reforma es el periodo tan extenso de
aplicación, pero uno de sus contenidos más destacados – el llamado factor de
sostenibilidad – entrará en vigor en enero del año que viene y sin duda tendrá
un cierto impacto en la cuantía de las nuevas pensiones que entran al sistema.
Y debe tenerse en cuenta también el efecto moderador, con pequeñas pérdidas de
poder adquisitivo hasta la fecha, que están teniendo las subidas anuales de tan
sólo el 0,25%. Este año es el quinto consecutivo en que se aplica una revisión
tan reducida.
En función de
todos los argumentos expuestos, creo que podría decirse que lo más urgente es
esperar, no perder la calma. Porque estamos dedicando a nuestros pensionistas
un porcentaje de nuestra “tarta” nacional que sin duda se merecen y además
podemos permitirnos. Cierto que las pensiones son, junto con la deuda y el
déficit, el mayor desafío de nuestras cuentas públicas, pero cierto también que
esas 14 pagas anuales que cada quien recibe como agua de mayo han sido el mejor
salvavidas para muchos náufragos de la crisis y son un poderoso factor para la
redistribución de la renta y el mantenimiento del bienestar público. Esperar y
no hacer sonar las alarmas de manera atolondrada. He ahí la tarea más urgente.
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