Recordaremos en el futuro la noche electoral del 26 de junio de 2016 por el fracaso estrepitoso de las encuestas, que insistieron en anunciar, hasta el momento mismo de comenzar el recuento, que se iba a producir un hecho histórico: el Partido Socialista dejaría de ser la fuerza principal o hegemónica de la izquierda española. También recordaremos que los expertos demoscópicos no fueron capaces de elaborar un método para detectar el voto oculto hacia socialistas y populares. Finalmente no se produjo el esperado adelantamiento por parte de Unidos Podemos, el PSOE resistió bastante bien y el Partido Popular mejoró notablemente el resultado que había obtenido en diciembre de 2015.
El mensaje que sale de las urnas es el
mismo que en la anterior ocasión: los españoles no quieren por ahora mayorías
absolutas y prefieren que los partidos negocien y se entiendan para buscar la
fórmula más adecuada de gobierno. Pero en el resultado del 26J hay un matiz,
que ya estaba presente el 20D y que ahora resalta con especial rotundidad: los
ciudadanos quieren que ese entendimiento se produzca con el PP al frente y
desaprueban los intentos de buscar acuerdos para desalojar a Mariano Rajoy de
La Moncloa.
El PSOE y Ciudadanos, los dos partidos que
firmaron un pacto para intentar la investidura sin contar con el PP, han
resultado castigados. Ciudadanos pierde un 20 por ciento de sus escaños a favor
de los populares, muy posiblemente porque muchos o algunos de sus votantes no
han visto con buenos ojos dicho pacto con los socialistas y han preferido
regresar al redil de los populares. Es verdad, como se quejó Albert Rivera, en
la noche electoral, que la ley electoral perjudica a los minoritarios y amplía
los daños, pero la ley es la que es y hay que contar con ello. El Partido
Socialista tampoco ha visto premiados sus esfuerzos casi desesperados para
construir una alternativa al PP y pierde cinco escaños. Cinco escaños que no
han ido a parar a Unidos Podemos, una coalición que no ha conseguido sumar los
votos que Podemos e Izquierda Unida habían conseguido por separado.
El resultado global del centro-derecha
sube hasta los 169 diputados, mientras que el centro-izquierda baja hasta los
156. Es cierto que, con los datos en la mano,
el llamado “espacio progresista” podría intentar la “machada” de
desalojar a Rajoy por el procedimiento de ponerse de acuerdo con toda la
caterva de nacionalistas-independentistas. Si tal cosa llegara a suceder, no le
arriendo la ganancia ni al PSOE ni a Unidos Podemos, porque esa fórmula de
gobierno sería catastrófica para España, y cuando digo España estoy diciendo el
conjunto de la sociedad española. Así que, parafraseando al economista
alcalaíno (de adopción) José Carlos Díez, cabe esperar que todavía haya vida
inteligente en Ferraz.
Resulta un poco desalentador el terco
sectarismo de los socialistas negándose a ver lo que es evidente: la salud y la
prosperidad de la democracia en España necesita en esta hora el entendimiento
de fondo entre populares y socialistas. No es verdad que sean fuerzas
antagónicas, son más bien fuerzas fronterizas, porque donde acaban los límites
de una comienzan los límites de la otra, como queda demostrado con sólo
comparar las políticas que unos y otros han hecho cuando han estado en el
poder. No se trata de que tenga que haber una gran coalición, sino simplemente
que las dos principales fuerzas políticas no pueden dedicarse a vetarse la una a la otra, haciendo así
imposible la estabilidad y la gobernabilidad de España.
También cabe esperar de Mariano Rajoy un
poco más de activismo en la búsqueda de acuerdos para formar gobierno. Algunos
portavoces socialistas le han sugerido que lo intente con Ciudadanos, Coalición
Canaria y el PNV. Un consejo que viene a
demostrar que los socialistas parecen ciegos frente a algunos aspectos del
nuevo escenario en que estamos desde el mes de diciembre. Los nacionalistas
vascos, como sus pares de Cataluña, ya han dejado claro que para pactar con
ellos hay que aceptar lo que llaman la “agenda vasca”, que incluye, cómo no, el
derecho a decidir, ese mantra con el que pretenden disimular la ley del embudo
que desearían aplicarnos al resto de españoles. En esas condiciones, los
nacionalistas, ya sean catalanes o vascos, no resultan ni aceptables ni
recomendables como socios parlamentarios de ningún gobierno de España. Y si los
socialistas no comprenden esto, si no aceptan con humildad y propósito de la
enmienda los 52 escaños de diferencia, y se enrocan en su “no es no”, puede que
no sólo vayamos hacia una nueva repetición de las elecciones, sino hacia una
nueva mayoría absoluta del PP.
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