LAS PENSIONES, EL IPC Y LA RIQUEZA NACIONAL

     Existía en Italia, durante los años sesenta y setenta del siglo pasado, un mecanismo socioeconómico llamado la escala móvil de los salarios. Básicamente consistía en que cada seis meses o cada año los salarios de  los trabajadores italianos se revisaban al alza en función del índice de precios al consumo. Al comienzo, esta suerte de garantía para el poder adquisitivo de los asalariados se consideró como un gran éxito de la poderosa CGIL, la principal organización sindical del país transalpino.

    Pero luego se vio que aquel mecanismo que se retroalimentaba a sí mismo en una espiral interminable hacía muy difícil o casi imposible la lucha contra la inflación. Era como un dogal que la sociedad italiana se había puesto a sí misma y que amenazaba con estrangular su economía en cualquier momento.

    En España nunca tuvimos algo parecido a la escala móvil de los salarios, pero hacia el final de la década de los setenta, coincidiendo con el estreno de nuestra democracia, la inflación estaba desbocada. En los Pactos de la Moncloa se acordó un cambio para la negociación colectiva que, aparentemente, suponía un fuerte sacrificio para los trabajadores: ya no se negociaría en función de la inflación pasada, sino de la inflación futura prevista. De modo que en el año 78, año de la Constitución, se recomendó para los convenios colectivos una subida de sólo el 22% , cuando la inflación del año 77 había sido del 28%. Ciertamente estábamos ante una pérdida de poder adquisitivo, tal como solemos medirla, pero a cambio la economía entró en una senda de estabilización, si bien el objetivo de llegar a unas tasas de inflación aceptables no fue cosa de poco momento. Hoy en día nadie se atrevería a decir que los trabajadores españoles han perdido poder adquisitivo en los últimos cuarenta años, aunque sí que se ha perdido en estos años de dura recesión que comenzaron hace ya casi una década.

     Italia tuvo que renunciar a su escala móvil para el conjunto de la masa salarial del país, ¿podríamos nosotros mantenerla para una masa salarial – la de los pensionistas – que crece año tras año y que ya representa más de un tercio de la masa salarial de todo el país? Difícilmente a corto plazo e imposible a medio y largo plazo.

     Cuando se habla de las pensiones y su poder adquisitivo, parece dominar en el subconsciente colectivo la idea de que los mayores constituyen la parte más vulnerable o más empobrecida de la sociedad. Es una idea falsa, distorsionada, y más falsa cada año que pasa. En la década y media transcurrida desde que entramos en el nuevo siglo la pensión media de jubilación  abonada por la Seguridad Social ha pasado de 535 euros mensuales a 1044.  En ese mismo periodo, el salario medio que cobran los trabajadores españoles, según el Instituto Nacional de Estadística, ha pasado de 1384 a 1670 euros mensuales. Hablamos en ambos casos de ingresos brutos, antes de impuestos y cotizaciones. Al mismo tiempo, desde enero de 2000 hasta noviembre de 2016 el índice general de precios al consumo se ha incrementado en un 44,4%.

     Lo que podemos afirmar, a la vista de estos datos, es que el conjunto de los pensionistas está en enero de 2017 mucho mejor de lo que estaba en enero del año 2000, puesto que la cuantía media de las prestaciones de jubilación se ha incrementado en un 95% . Y el conjunto de los asalariados está  bastante peor, ya que el sueldo medio sólo ha crecido un 20,7%, 24 puntos menos del alza que han experimentado los precios. La comparación se torna aún más favorable para quienes ya disfrutan de su merecido retiro si tenemos en cuenta que las pensiones sólo pagan el Impuesto sobre la Renta, mientras que a los salarios se les descuenta dicho impuesto y además las cotizaciones sociales.

     El Gobierno, que es quien tiene que afrontar la tarea hercúlea de abonar puntualmente la nómina de los pensionistas, ha optado un año más por la subida más pequeña posible: un 0,25%. Y algunos dirigentes de UGT han aprovechado la festividad de los Magos de Oriente para repartir sacos de carbón por las sedes gubernamentales, impelidos quizá por esa idea de que los pensionistas son la parte más débil de nuestra sociedad.

     Si no se cambian las normas actuales, yo me atrevo a pronosticar que, a pesar de esa subida tan raquítica, el conjunto de los pensionistas estará dentro de 15 años mejor de lo que está en enero de 2017. Por una sencilla razón: las prestaciones que reciben los nuevos pensionistas son mejores, por término medio, que las que recibían los que salieron del sistema por fallecimiento. Entre 2001 y 2016, el PIB español ha crecido a una tasa anual del 3,15% mientras el gasto en pensiones subía al 4,99%. Si proyectamos esas tasas hacia el futuro, para 2030 estaríamos dedicando más del 15% de la riqueza nacional al pago de las pensiones. La subida anual del 0,25, tan criticada y tan ridícula en término cuantitativos, impedirá que nos acerquemos tan deprisa a unos límites insostenibles a todas luces.