EL TECHO DE GASTO Y LOS PRESUPUESTOS 2010: EL GOBIERNO ZP EN LA ENCRUCIJADA

Gobernar es elegir entre varios caminos posibles, y al optar por uno de ellos, el político, inevitablemente, va perdiendo parte de los apoyos con que contaba. Es imposible gobernar para toda la sociedad. Esas son cosas que se dicen par quedar bien en los discursos y en las entrevistas televisivas. Pero los intereses en juego son tan contrapuestos que no es factible dar con medidas o iniciativas que puedan satisfacer atodos.
La marea de la crisis nos está dejando un déficit asfixiante y en los próximos ejercicios tenemos que retornar a la senda del equilibrio entre ingresos y gastos. Impuestos directos o indirectos, he aquí la cuestión. El Gobierno de Rodríguez Zapatero, sorprendentemente, parecía haber optado por los impuestos directos (un incrmento de la presión fiscal sobre las rentas más elevadas) con tal de asegurarse los votos o las abstenciones necesarias para aprobar el techo de gasto y, un poco más allá, los Presupuestos para 2010. Y digo sorprendente porque el pacto anunciado con los diputados de IU-ICV no encajaba con la línea de un Gobierno que, sin que hubiera una exigencia especial y sin estar obligado a ello, había suprimido el Impuesto sobre el Patrimonio.
Tan sorprendente era la cosa que el pacto sólo duró lo que tardó Durán i Lleida en llamar a la Vicepresidenta De la Vega con la advertencia de que no contaran con ellos para el resto de la legislatura. El Ejecutivo tal vez sintío el abismo abriéndose a sus pies y prefirió rectificar sobre la marcha, optar por el camino más seguro y cargar con el desgaste que supondría romper con el acuerdo apalabrado horas antes.
Lo que se perfila ahora en el horizonte es una posible subida del IVA, con el argumento de que estamos bastante por debajo de la media europea. El problema es que una hipotética subida del IVA, como la muy reciente de tabaco y carburantes, perjudica proporcionalmente más a las capas sociales con los ingresos más bajos. Y se supone que un Gobierno de izquierdas debería aligerar la carga fiscal que soportan esos sectores. Dice la Constitución que cada ciudadano debe contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, pero lo cierto es que la tendencia general es rebajar la imposición directa y buscar los ingresos por la vía más fácil de la imposición sobre el consumo.
Hay que reconocer, por otro lado, que la alternativa de incrementar la tarifa del IRPF para determinados niveles de renta tampoco era una solución satisfactoria, por varias razones. La primera, que en esos niveles altos o muy altos de ingresos el número de contribuyentes es muy pequeño; en segundo lugar, que los tipos de gravamen ya son bastante elevados, aunque en otros países de la UE lo sean más todavía; y en tercer lugar, que el problema del Impuesto sobre la Renta es que descansa demasiado sobre los que tienen sus ingresos controlados mediante nómina, mientras que la ocultación y el engaño son la norma general en los sectores no sujetos a nómina.
Así que, mientras la actividad económica no se recupere, y con el déficit público acercándose a un escalofriante 10 por ciento del PIB, el Gobierno se encuentra entre la espada y la pared. Y muy probablemente ha calculado que era más rentable y más seguro un pacto con CIU, que a fin de cuentas transmite un mensaje de moderación centrista, que un acuerdo con las fuerzas situadas a su izquierda, que habría desencadenado todos los rayos y truenos por su presunto radicalismo. Y una gran parte de los perjudicados ni siquiera llegarán a saberlo.