¿QUIÉN SE BENEFICIARÁ DE LA CRISIS INMOBILIARIA?

Criticábamos aquí hace un par de días a los principales protagonistas y beneficiarios de la burbuja inmobiliaria experimentada por nuestro país durante los últimos años, o más bien las últimas décadas. Según mis cálculos -siempre a ojo de buen cubero, porque no tengo a mano las estadísticas que me permitirían obtener las cifras exactas- diez mil euros invertidos en deuda pública hace veinticinco años se habrían convertido hoy en unos sesenta y cinco mil euros. Esos mismos diez mil euros, puestos en ladrillos -tan parecidos, en su diseño, a los lingotes de oro- se habrían convertido en unos ciento cuarenta mil, más del doble que en los títulos del Estado.
El ladrillo, pues, se ha convertido en la riqueza y el drama en que nos vemos atrapados los españoles de hoy en día. Riqueza y drama que se resumen en el hecho cierto de que la inmensa mayoría hoy no podríamos comprar la vivienda en que habitamos. Durante los años de bonanza, con los precios subiendo a ritmos anuales cercanos al veinte por ciento, pudimos pensar -como tantos y tantos en todos los fenómenos especulativos que se han dado a lo largo de la historia- que por fin habíamos encontrado un camino infalible para convertirnos en millonarios. Muchos lo consiguieron de veras, sobre todo si tenían la fortuna de ser propietarios de varias casas. Habíamos convertido la vivienda en un instrumento para la inversión, era nuestro activo financiero favorito, ya que no parecía tener otro destino que el de subir y subir indefinidamente.
Pero la vivienda, antes que un activo financiero, es un bien de primera necesidad, es un derecho constitucional que cientos de miles de personas, quizá millones, no pueden ejercer en esta España en la que tanto hablamos, merced a la hegemonía socialista, de ampliar los derechos sociales y ciudadanos. La vivienda sí que es un derecho social y ciudadano y bien poco se ha hecho, a lo largo de décadas, para garantizarlo. Y, en la medida en que muchos se enriquecían con la enloquecida escalada de los precios, otros muchos se empobrecían viendo alejarse cada vez más sus posibilidades de acceder a una vivienda digna. Hoy es ya un lugar común, como digo, que la gente te cuente, en cualquier conversación de café, que ahora no podría comprar la vivienda que adquirió hace quince, veinte o veinticinco años.
Era, pues, una necesidad vital que los precios de las casas dejaran de crecer o incluso que bajaran para que el componente social de este bien pasase a primer plano en detrimento del componente financiero. Era vital que la gente aprendiese -aprendiésemos- la dolorosa lección de que la vivienda, como instrumento para la inversión, puede llegar a tener los mismos problemas que cualquier otro instrumento, es decir, que puede subir, pero también puede bajar. Era una necesidad imperiosa que la marea especulativa encontrara el necesario final. Un final que está teniendo un fuerte impacto en la actividad económica y está ocasionando un rápido aumento del número de parados. Se abre, sin embargo, la esperanza de que vayamos hacia unos precios más razonables y que los ciudadanos que necesitan una vivienda puedan tener un poco menos difícil el disfrute de este derecho constitucional.