Leo en la playa, mientras busco la inspiración en el incesante ir y venir de las olas, que hay en España unas setecientas mil viviendas nuevas terminadas y sin vender. Y de seguir las cosas como hasta ahora, puede que terminemos el año con la cifra, mucho más redonda, de un millón. Está claro que los precios deberán seguir bajando hasta encontar un nuevo punto de equilibrio entre los que estarían dispuestos a comprar y los que desean vender. Lo que me asombra es que los portavoces de la patronal de promotores, tan fervientes partidarios del mercado libre, pidan ahora descaradamente la ayuda del Gobierno con el argumento de que "no están pidiendo para ellos, sino para toda la sociedad, puesto que si no logran vender lo construido no podrán reinvertir".
¿Por qué no empiezan por reconocer sus culpas y pedir perdón? Al calor de una demanda desaforada -que creía haber encontrado la gallina de los huevos de oro- promotores y constructores han obtenido durante años unos rendimientos exorbitantes. Nunca pensaron en que debían moderar el ansia de beneficios. El objetivo era forrarse bien el riñón y convertir lo sobrante en yates de lujo y aviones privados. Y ahora, con más morro que un oso hormiguero, acuden en romería a pedir la urgente intervención de las autoridades públicas. Deberían intervenir, sí, pero con un Decreto que declarase bienes de utilidad pública todas esas viviendas sin vender y la consiguiente expropiación, mediante el pago de un justiprecio, como se hace con las tierras de los campesinos cuando se trata de construir una autopista o una línea de alta velocidad. Constructoras, promotoras, bancos y cajas de ahorro sufrirían el impacto en sus cuentas de resultados, pero no creo que fueran a hundirse en vista de lo que ganaron en el pasado.
Rescate, bancos, fortunas y calcetines
Hace 4 años
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