EL FORO DEL HENARES DENUNCIA EL DETERIORO QUE SUFRE LA SANIDAD PÚBLICA

El G0bierno de Esperanza Aguirre está llevando a cabo en Madrid un estrategia deliberada para deteriorar y desprestigiar la sanidad pública. Esta es la acusación, clara y directa, que lanzaban este miércoles los participantes en el debate "Presente y futuro de la sanidad en la Comunidad de Madrid", organizado por el Foro del Henares, una entidad cívica que promueve el examen crítico de los problemas sociales, económicos y medioambientales. El encuentro que se celebró en una de las salas de la vieja Universidad Cisneriana, de Alcalá de Henares.Uno de los participantes en el coloquio, Jaime Baquero, puso sobre la mesa algunos datos presupuestarios que, a su juicio, demuestran el desinterés del Ejecutivo madrileño por la sanidad pública y por la salud de los seis millones de personas que viven en la comunidad. Para este año 2008, el gasto sanitario por habitante en Madrid -indicó Baquero- se eleva a 1143 euros, 169 menos que la media de todas las comunidades autónomas, a pesar de ser Madrid una de las que tienen una renta por habitante más elevada.
Baquero pintó un sombrío panorama caracterizado por la escasa financiación ( Madrid dedica a su sistema público de salud el 3,55 de su PIB, un 30 por ciento menos que la media de las comunidades autónomas), la masificación y las listas de espera, el desánimo de los trabajadores del sector y la carencia de mecanismos de participación social en la gestión. Según sus datos, los conciertos con hospitales privados han crecido un 76 por ciento en el período 2002-2007, con lo que disminuye aún más el flujo de inversiones hacia los centros públicos. "Nos enfrentamos a un mecanismo perverso de destrucción de la sanidad pública -concluía Baquero-, puesto en marcha por el Gobierno de Esperanza Aguirre: dentro de pocos años habrá en Madrid más hospitales privados que públicos y para 2011 está previsto que dos millones de ciudadanos sean atendidos en centros sanitarios construídos por la vía de las concesiones administrativas por un período de 30 años, y a esos dos millones habría que sumar los que sean desviados hacia los centros concertados".
En el debate intervino también Lucas Fernández, diputado y portavoz socialista en la comisión de sanidad de la Asamblea de Madrid. Fernández acusó al gobierno regional de haber hecho muy mal las negociaciones para el traspaso de las competencias sanitarias, ya que aceptó dichas competencias - con Ruíz Gallardón por aquel entonces al frente de la CAM- con una transferencia de recursos financieros equivalente a 119.000 pesetas por habitante, mientras que La Rioja, por ejemplo, conseguía transferencias por valor de 156.000 pesetas. El diputado socialista añadió que "la legislación actual y la propia estructura del Estado Autonómico permiten al Gobierno de Esperanza Aguirre hacer lo que está haciendo; y sólo hay dos formas de evitarlo: la presión popular o el cambio de mayoría política en la Asamblea mediante el voto". Un dato interesante y llamativo ofrecido por Lucas Fernández es que el 40 por ciento de los pacientes que están en listas de espera quirúrgicas renuncian a ser operados en los centros privados concertados con la CAM aunque eso les supone alargar la espera hasta unos 140 días de media en lugar de 30.
Otro de los ponentes, Andrés Medina, de la Plataforma en defensa de la Sanidad Pública, destacó la amenaza fortísima que esta política de privatización representa para la igualdad de todos los ciudadanos y para la supervivencia misma del sistema de sanidad universal en la Comunidad de Madrid. "Lo que quieren -advirtió Medina- es que cada uno acabemos pagándonos un seguro médico privado, pero habrá muchos ciudadanos que no podrán costeárselo y por ahí estaremos quebrando el principio de igualdad". En las fotografías podeis ver, arriba de izquierda a derecha, a Lucas Fernández, Andrés Medina y Rafael García Poveda, moderador del debate; y en la fotografía de abajo, la entrada principal del hospital universitario "Príncipe de Asturias", de Alcalá de Henares, que actualmente sufre fuertes problemas de saturación porque tiene que atender a una población de 400.000 personas.